Moreno ha enumerado medidas de su gobierno en una pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien previamente había requerido a la Junta de Andalucía la adopción de cinco medidas sobre el mercado de la vivienda, entre las que ha enumerado paralizar las licencias a pisos turísticos; limitar por ley el precio de los alquileres, para que sea como máximo un 20% de los ingresos de una persona; recuperar las viviendas vacías en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria); la creación de una inmobiliaria pública andaluza; un impuesto especial andaluz para los grandes tenedores de vivienda que no ponen en alquiler; y la rebaja de las ayudas al alquiler para altos cargos.
Moreno ha esgrimido datos como las 10.000 VPO que el Gobierno andaluz habrá puesto en alquiler entre 2019 y hasta 2026, a lo que ha sumado el uso de los fondos Next Generation para el programa Ecovivienda para destinar 3.000 viviendas en alquiler sobre suelo público, así como 1.039 viviendas en alquiler con eficiencia y argumentar entonces que «Andalucía tiene el mayor parque de viviendas públicas de España».
El presidente de la Junta de Andalucía, quien ha recordado también los 75 millones de euros destinados a 55.000 ayudas al alquiler, ha calificado de «fracasado» el modelo de vivienda que propugna Adelante Andalucía y otros partidos de izquierda, del que ha puesto como ejemplo la gestión emprendida al respecto por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y para blandir con ironía los 58 diputados que logró en las elecciones andaluzas en 2022 y afirmar que «algún que otro andaluz con piso alquilado me ha votado».
«Tenemos un modelo distinto», ha sostenido Moreno, quien ha afirmado que «lo respeto, pero no coincido» después de esgrimir que «un modelo intervencionista no genera más oferta en el sector inmobiliario» y señalar entonces que «en ciudades como Barcelona el resultado ha sido un estrepitoso fracaso», a lo que ha sumado la consideración de que «poner dificultades al conjunto de la oferta, hace reducir la oferta, crece la demanda, y el precio sube», además de recordar que «la Ley antidesahucios de 2013 fue anulada por el Tribunal Constitucional» y concluir que «sus recetas no convencen a nadie».
«Nuestro modelo es otro», ha concluido el presidente andaluz, quien ha abogado por «ampliar el parque público de viviendas», junto con propiciar que «los propietarios no tengan miedo y puedan poner en alquiler sus viviendas», para considerar que «nuestras recetas son distintas y vamos a seguir con ellas, que son más serenas y sensatas».
García: 1,2 millones en 70 altos cargos
José Ignacio García ha relatado la subida del precio del alquiler del 10% en Andalucía, que ha sido de un 25% en la provincia de Málaga, y de un 35%, para concluir que «solo el 14% andaluces pueden independizarse», mientras que ha reprochado al Gobierno andaluz que haya gastado 1,2 millones de euros en el pago del alquiler de vivienda a los altos cargos, para apuntar el ejemplo de la Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, de la que ha señalado que percibe 1.292 euros para el alquiler cuando su retribución mensual es de 5.600 euros.
«Esto es obsceno», ha concluido, mientras que ha planteado a Moreno que «en la vida no se puede quedar bien con todo el mundo» y preguntarle «para quién gobierna» y plantearle la disyuntiva de «elegir gobernar para la mayoría de los andaluces, o para los dueños de Fotocasa, o Idealista».
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