Uno de los perros que ha ido con los voluntarios de Bomberos de Sevilla en tareas de rescate por varias zonas afectada por el terremoto de Turquía | Eduardo Briones - Europa Press

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La Ley de Bienestar Animal de la Comunitat Valenciana se aprobará este jueves en el pleno de Les Corts con el apoyo de los grupos del Botànic, mientras la oposición y los cazadores la ven como «una amenaza para el mundo rural» y con riesgo de enfrentarse a recursos de inconstitucionalidad.

A un día de la votación, los grupos han marcado posiciones sobre la ley valenciana, que actualizará la anterior de 1994 y por primera vez considerará a todos los animales como seres sintientes y establecerá el 'sacrificio cero', junto a otras medidas como la protección y el control de las colonias felinas.

Aunque Compromís y Unides Podem no estaban de acuerdo hace unos meses, la semana pasada cedieron y firmaron junto al PSPV -socio mayoritario del Botànic- una enmienda para definir el concepto de maltrato animal. En esta definición se dejan fuera las lesiones que sufran los animales de compañía que realizan tareas específicas en el ejercicio de sus funciones, como los perros de caza, los guía o los de rescate.

«No hay peligro en absoluto para los perros de caza», ha defendido en los pasillos de Les Corts el diputado socialista David Calvo, quien ha achacado las críticas de la oposición al periodo electoral. Además, se ha preguntado si el PPCV está con «el Feijóo de Galicia o el Feijóo de Madrid» porque cuando era presidente gallego se aprobó una ley similar a la valenciana.

Entre los socios del Botànic, Cristina Rodríguez (Compromís) ha remarcado que en la norma «no hay una postura sobre los perros de caza», aunque ha reconocido que no es la definición que hubiera impulsado su coalición, y ha subrayado que ningún animal queda fuera: «Mismos perros, misma ley».

«No es una ley sobre caza sí o caza no (...) No vamos a demonizar la caza porque no es el tema», ha coincidido Beatriu Gascó (UP), quien ha hecho hincapié en que los perros de caza son animales de compañía y deben considerarse como tal.

De la oposición, la 'popular' Elisa Díaz ha criticado que la ley valenciana se haya «contagiado» de la nacional, que sigue su tramitación y dejará fuera a los perros de caza, y ha rechazado que incluya obligaciones, prohibiciones y sanciones que su partido no comparte.

Eduardo del Pozo (Cs) ha ido más allá al afirmar que la norma puede ser inconstitucional, al incluir «incongruencias e incompatibilidades» que no ha concretado, mientras José Luis Aguirre (Vox) ha asegurado que su formación ofrece a sus 52 diputados en el Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

un paso adelante

Al margen de los grupos parlamentarios, la directora de AnimaNaturalis en España, Aïda Gascón, ha asegurado que la ley valenciana supone un paso adelante y sitúa a la Comunitat al nivel de las autonomías más avanzadas en materia de protección animal.

A su juicio, es especialmente relevante que el PSPV haya decidido incluir a los perros de caza como animales de compañía, por lo que ha instado al PSOE a hacer lo mismo en la norma estatal. También ha destacado la prohibición de los circos con animales de todas las especies o del uso de elementos de castigo.

La representante de los animalistas ha rechazado que la norma valenciana contradiga la estatal, ya que deja espacio para regular a las autonomías, o que pueda enfrentarse a recursos de inconstitucionalidad porque solo habrá que «actualizar» ciertos puntos.

CAZADORES EN CONTRA

Por su parte, la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat, Lorena Martínez, ha reconocido que finalmente se haya tenido en cuenta su posicionamiento sobre el maltrato animal, excluyendo a los perros de caza, pero ha advertido que la ley no les genera «seguridad total» porque «se tendrán que modificar muchos artículos cuando se apruebe la ley nacional».

«Hemos pedido que se analice con tiempo porque tiene mucha inconstitucionalidad y la respuesta que nos han dado es que se tenía que aprobar sí o sí», ha denunciado, y ha asegurado que los grupos del Botànic son conscientes de que habrá que hacer cambios. Además, ha sostenido que cuando se presentó el proyecto hace unos meses, era «una clara declaración en contra del sector» de la caza.