El Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha adelantado este miércoles que su posición ante la comparecencia parlamentaria en la propia jornada de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, sobre la orden que fija los precios máximos en los servicios que concierta el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se encaminará a «exigir que retire la orden privatizadora de la Atención Primaria», de manera que argumentarán que de no hacerlo el Gobierno andaluz «será el momento de pedir la dimisión de la consejera de Salud».
En las ruedas de prensa previas de los grupos a la celebración del Pleno del Parlamento de Andalucía, García ha expuesto el ánimo con que su grupo encara la rendición de cuentas de Catalina García sobre un borrador de Orden cuya polémica principal gira en torno a que el Gobierno andaluz contemple abonar 65 euros a los grupos sanitarios privados por prestar una consulta de Atención Primaria.
El portavoz de Adelante Andalucía ha demandado «explicaciones» al Ejecutivo autonómico sobre «cómo ha sacado esta orden privatizadora de la Atención Primaria», a la que ha descrito envuelta en un contexto de «nocturnidad, alevosía, oscurantismo» por cuanto ha remarcado que se ha hecho «sin informar a la comisión», para concluir que «es llamativo este proceder».
García ha considerado «inaudito» que la Junta de Andalucía contemple ceder «infraestructuras enteras a manos de la privada», además de «nuestros médicos de cabecera», un ejercicio que ha enmarcado dentro de «una privatización acelerada» de los servicios públicos en Andalucía, a lo que ha sumado la iniciativa del Gobierno andaluz de autorizar la puesta en marcha de dos universidades privadas.
Por otra parte, Adelante ha recriminado al Gobierno andaluz lo que ha denominado «el mal uso de Moreno Bonilla de la Autonomía para intentar evitar el impuesto a las grandes fortunas», después de que el Consejo de Gobierno acordara el día 14 de este mes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas por estimar que invade sus competencias después de haber acordado la bonificación al 100% del Impuesto sobre el Patrimonio y que ahora con el tributo estatal obligará a contribuir a los patrimonios netos superiores a los tres millones de euros.
García ha considerado que esa iniciativa de la Junta de Andalucía «es lo contrario» al espíritu del 28-F al intentar evitar que «una minoría privilegiada pague impuestos», mientras que ha vuelto a reclamar la retirada del Título de Hijo Predilecto de Andalucía a Francisco Martínez-Cosentino tras la aceptación de una condena por el hallazgo de silicosis en trabajadores de esta empresa.
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