Una interventora del Estado que realizó un informe sobre los contratos en la empresa pública Imelsa entre los años 2007 y 2014 ha manifestado que la entidad «incumplió la ley» porque no podía tener a asesores y ha asegurado, tras estudiar la documentación facilitada, que no hallaron evidencias de que estos asesores desempeñaran trabajos en la mercantil: «Ninguno», ha apostillado.
La interventora ha expuesto su informe en su comparecencia en calidad de testigo-perito en el juicio que se sigue en la Audiencia por las piezas B y F del caso Imelsa, que suma 25 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación y del PP Alfonso Rus --quien también fue alcalde de Xàtiva (Valencia), el ex secretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio y el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero' Marcos Benavent.
En su comparecencia, a petición de Fiscalía Anticorrupción, la testigo-perito ha explicado que con la contratación de asesores en Imelsa se incumplió la ley, puesto que en esos momentos se prohibía a las empresas públicas tener asesores. «En 35 años auditando no he visto que los consejeros tengan asesores en la Administración General del Estado, en los organismos autónomos», ha añadido.
Así mismo, preguntada por el trabajo de estos asesores, ha indicado que no hallaron evidencias documentales de los trabajos desempeñados por los asesores, «de ninguno», ha señalado. Interpelada por si puede deberse a la relación de confianza con las personas a las que asesoraban, ha indicado: «Yo no me planteo nada y lo que pongo de manifiesto en mis informes son los hechos».
También ha comentado que antes de entrar Benavent en Imelsa ya había asesores en la entidad. En concreto, desde 1998: «Había pocos, dos, pero había», ha aseverado.
Además, ha expuesto que en Imelsa se incumplieron los principios de acceso al empleo público y no había una relación de puestos de trabajo hasta finales de 2015. «Y esta relación es importantísima porque cuando inicias un procedimiento de contratación, tienes que justificar la necesidad de la contratación, requisitos y funciones que se van a desempeñar. Si no tienes eso, no tienes nada. Además, en los estatutos de Imelsa se recoge que esta relación de puestos debe de existir y no estaba», ha expuesto.
Preguntada por si había una lista similar que incluyera los nombres de las personas y los cargos, ha respondido que no vio ninguna lista específica: «Nosotros hicimos nuestras listas para estudiar el personal y las bajas, pero no se me dio ninguna lista específica», ha apostillado.
La testigo también ha manifestado que la empresa pública no podía ceder a trabajadores a otra empresa dentro del mismo ámbito de la Diputación: «El Estatuto de los Trabajadores habla de cesión ilegal de trabajadores», ha dicho. Y de hacerse, ha comentado que se debería de haber autorizado en lo estatutos o, al menos, en los contratos de los trabajadores.
"sorprende" la productividad
Así mismo, ha señalado que no había «ninguna» documentación justificativa sobre evaluaciones a altos directivos y ha indicado que «sorprende» que la productividad en la empresa se concentrara «tanto» en «determinadas personas».
Sobre las dietas, ha manifestado que no había tampoco «ninguna» justificación documental a las dietas cobradas por determinadas personas en Imelsa, y ha nombrado a Benavent; al exdirector financiero Enrique Montblanc; y a la exresponsable de Recursos Humanos en Imelsa María Escrihuela. «Las dietas, sin embargo, se debían justificar de acuerdo a la normativa», ha dicho.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.