Los testigos del juicio contra la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente fraccionar contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) han corroborado que la institución recibía presupuestos «comparsa» que acompañaban al que iba a ser adjudicado a dedo, y dos de ellos han apuntado que sus datos personales constan en algunos de esos presupuestos sin que ellos los hicieran ni dieran permiso para usarlos.
«La verdad es que estoy alucinado. Estoy impresionado de que esto esté aquí, me sorprende totalmente», ha expresado uno de los testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) cuando la fiscal le ha mostrado un presupuesto a su nombre, con su NIF, su dirección, su mail y su móvil pero con un teléfono fijo distinto.
El testigo, que ha reconocido sus datos en tres presupuestos distintos, formaba parte del grupo de investigación Hermeneia que lideraba Borràs, y ha mostrado sus sospechas de que sus datos se puedan haber extraído de la base de datos del grupo.
El juicio tiene que aclarar si Borràs fraccionó 18 contratos de trabajos relacionados con la web de la ILC para evitar licitarlos y adjudicarlos a dedo a su amigo Isaías H., que el lunes confesó que él y la entonces directora de la ILC pactaron el amaño y que, para hacerlo, presentaba el presupuesto para su trabajo junto a dos presupuestos «comparsa» que sabía de antemano que serían rechazados.
El cuñado de Isaías H., testigo en el juicio, también ha reconocido sus datos en cinco presupuestos que no hizo, y en su caso ha explicado que el acusado le propuso usar sus datos pero él dijo que no podía hacerlo porque no es autónomo.
Otra testigo, una extrabajadora de la ILC jubilada desde 2016, ha explicado que Borràs les presentó a Isaías H. como persona que llevaría el portal de la institución, ha asegurado que la decisión última en materia de contratación y adjudicación era de la entonces directora, y no ha reconocido la firma que consta en diversos contratos menores: «Hay alguien que ha firmado por orden», ha dicho.
Borràs se enfrenta en esta causa a una petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por presunta prevaricación y falsedad documental, y la acusación provisional de la Fiscalía --que puede cambiar al final del juicio-- reclama para el beneficiario de los contratos, Isaías H., seis años de cárcel y tres para Andreu P., que supuestamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.
Queja de la defensa de borràs
Entre los testigos de este martes también ha declarado una amiga de Isaías H., una diseñadora gráfica que conoce al acusado desde el instituto y que sabía que trabajaba para la ILC, y ha admitido que él le pidió si podía hacer facturas a su nombre, algo a lo que ella no accedió: «Me comentó que necesitaba hacer facturas menores de 18.000 euros. Hace muchos años de esto, yo acababa de empezar. Le dije que yo no facturaba estas cantidades».
En una época en la que Isaías H. se encontraba mal, ella ha recordado que le pidió ayuda para acabar un trabajo para la ILC, lo que le llevó a reunirse con Borràs para sustituirlo y poder ejercer como interlocutora, y ésta le presentó al equipo de la institución.
Ha sido durante la declaración de esta testigo cuando la abogada de Borràs, Isabel Elbal, ha intentado justificar que se contrataba a Isaías H. por su perfil como diseñador artístico y no solo como informático, algo a lo que el presidente del tribunal, Jesús Maria Barrientos, se ha opuesto por considerar que sus preguntas no se centraban en lo que se está juzgando.
«Nos está cercenando el derecho a defensa», ha reprochado a Barrientos, ha mostrado su contrariedad con la posición del presidente del tribunal y ha recordado su alegación al empezar el juicio sobre la supuesta falta de imparcialidad del magistrado.
Cooperativas
Este martes también han testificado empleados de cooperativas que Isaías H. usaba para facturar, entre ellos un informático que se encargó de hacer la migración del aplicativo 'Què llegeixes' a otro entre la primavera de 2014 hasta principios de 2015, trabajo que le encargó la empresa de Andreu P. y para el que se elaboraron hasta cinco presupuestos porque el proyecto se modificó y amplió, lo que obligó a «añadir cosas».
Tras concretar que sabía que el destinatario final del trabajo era la ILC, ha explicado que básicamente trataba con Andreu P., pero que en algunas cuestiones técnicas intervino Isaías H, con el que se reunió «en alguna ocasión».
Otro de los testigos que ha declarado ha sido el administrativo de la empresa Freelance, una cooperativa en que sus socios realizan servicios en materia audiovisual, entre los cuales estaba Isaías H. desde junio de 2013.
Según el administrativo, la empresa podía elaborar presupuestos para trabajos si así se lo requerían sus miembros y emitía y cobraba las facturas, que pagaba al socio vía transferencia y en las que constaba el nombre y número de socio salvo «en casos excepcionales», algo que se tenía que pedir explícitamente, ha dicho.
Una trabajadora de la cooperativa SmartCooper también ha precisado que conocía a Isaías H. y a Andreu.P porque eran socios de la entidad y porque había hecho facturas de proyectos del primero.
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