Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes, después de que el viernes se conociera que Fiscalía pide siete años de prisión para el presidente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové, y seis para el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, por su actuación en los preparativos del 1-O.
«La pregunta es ¿qué hará el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE? ¿Se pondrá al lado de los jueces? ¿Defenderá que debe haber más prisión para solucionar el conflicto político? ¿Avalará esta impunidad judicial que vemos que existe en el Estado español? ¿Seguirá acomplejado ante la derecha más extrema y no será capaz de defender sus propias reformas?», ha expuesto Vilalta.
También ha recordado que la decisión de Fiscalía se suma a la resolución del Tribunal Supremo (TS) de mantener la condena e inhabilitación del líder de ERC, Oriol Junqueras; del secretario general de Junts, Jordi Turull, y de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa.
La líder republicana cree que estas decisiones demuestran que «la represión existe» y que el conflicto político entre Catalunya y el resto de España continúa y sigue afectando a centenares de personas, según ella.
Ante esta situación, Vilalta ha instado al Gobierno y al PSOE a ser «valiente y defender los compromisos»; trabajar para que haya una separación real de poderes en España, y defender la resolución de los conflictos políticos a través de la política.
Reforma bien hecha
Para Vilalta, la reforma penal está bien hecha: «No es que no se haya hecho bien, es que nos encontramos con jueces que no aplican la norma y que se erigen como poder para castigar al independentismo. Y tenemos un Gobierno que no es capaz de defender la norma que ha hecho y pactado».
Ha añadido que dicha reforma obliga a que «la arbitrariedad de la justicia sea cada vez más retorcida», lo que considera que les beneficiará a ojos de la comunidad internacional y ante la justicia europea.
También ha pedido a Junts «arremangarse» y dejar su zona de confort para avanzar en la vía negociada, que los republicanos defienden como la propuesta más viable y la que según ellos avala la comunidad internacional.
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