El juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) seguirá este lunes con los interrogatorios a los otros dos acusados en la causa: el beneficiario de los contratos, Isaías H., y Andreu P., que supuestamente le ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba.
La declaración de Borràs también estaba prevista para el lunes pero su defensa pidió trasladar su interrogatorio al final del juicio, una vez se hayan expuesto todas las pruebas, por lo que declarará el lunes 27 de febrero.
En sus declaraciones, Isaías H. y Andreu P. previsiblemente plasmarán el acuerdo que han alcanzado sus defensas con la Fiscalía para rebajar sus condenas a cambio de confesar, y que por su parte Borràs considera que le causa «indefensión» porque los tres habían preparado conjuntamente la defensa para el juicio.
La Fiscalía pide para Borràs una condena de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental; y la acusación provisional --que puede cambiar al final del juicio-- reclama para Isaías H. seis años de cárcel y tres para Andreu P.
Petición de suspender el juicio
Antes de los interrogatorios, el tribunal contestará a las cuestiones previas que plantearon las partes invocando sus derechos fundamentales durante las dos primeras jornadas de juicio.
Entre otras cuestiones, el tribunal deberá contestar a los argumentos de las defensas de Andreu P. e Isaías H. que señalaron fallos y defectos formales en la instrucción, pidiendo invalidar las pruebas recavadas.
El tribunal rechazó suspender el juicio a petición de Borràs por supuesta indefensión y su defensa señaló una supuesta investigación paralela de la Fiscalía, que según su versión mantuvo abiertas unas diligencias previas cuando el caso ya estaba judicializado y en manos de un instructor, lo que sería contrario a la ley e invalidaría las pruebas recabadas.
Un "juicio paralelo"
Los magistrados también deberán abordar la alegación de Borràs según la cual el TSJC ya no es el tribunal competente para juzgarla porque, precisamente a raíz de esta causa, ha sido suspendida como presidenta del Parlament y «ya no es aforada».
Borràs también cree que la composición del tribunal, presidido por Jesús María Barrientos, vulnera su derecho a un juez imparcial, y considera que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia con un «juicio paralelo» de declaraciones públicas.
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