El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentado que la «evolución» social y democrática que ve no haya llegado a la totalidad de la judicatura.
Lo ha dicho este viernes durante su visita en El Perelló (Tarragona) ante las peticiones de la Fiscalía por los preparativos del 1-O a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep maria Jové; y el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.
«No hay sorpresa pero sí que constatamos que la evolución que se está haciendo a nivel democrático, social, todavía debe llegar a la judicatura», ha sostenido.
En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía reclama para Garriga una pena de un año de inhabilitación y cárcel para Jové y Salvadó --siete años, y seis años y tres meses, respectivamente--.
Aragonès ve voluntad de venganza, en sus palabras, en una parte de la judicatura y ha expresado determinación para denunciar la «represión» del Estado.
«El referéndum del 1-O no fue un delito, votar no puede ser un delito», ha reiterado, ha manifestado apoyo a los acusados y ha añadido que está convencido de que no serán condenados por ninguna otra cosa que su compromiso político.
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