Así lo indican en un comunicado firmado por todo los rectores, en el que recuerdan que estas dos nuevas universidades recibieron en su día el voto desfavorable de todos los rectores de las universidades públicas andaluzas firmantes en la sesión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en la que procedía emitir informe previo.
Este rechazo, explican, «no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse fundadamente que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería».
De hecho, en su momento, las universidades públicas andaluzas «enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos», precisan los rectores en el citado comunicado.
Así, señalan que este anuncio, junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera la comenzará próximamente, «despierta una gran inquietud» entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas «seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales de nuestro personal docente e investigador y de servicios y que nos permita poder avanzar en la mejora de la calidad de nuestra docencia, nuestra excelencia investigadora y ampliar el número de plazas ofertadas en las titulaciones con alta demanda para poder prestar con garantías el servicio público que nos corresponde».
En este sentido, los rectores de las universidades públicas andaluzas «queremos expresar, una vez más, nuestra convicción de que los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad y que solo una Educación Superior pública que reciba una financiación digna y suficiente puede garantizar los valores de progreso, bienestar y justicia social en nuestra comunidad autónoma», concluyen.
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