La consejera municipal de Presidencia y Hacienda, Maria Navarro, presenta la Memoria 2022 del la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas del Ayuntamiento de Zaragoza (JREAZ), junto con el presidente de este órgano municipal, Jesús Royo | Europa Press - EUROPA PRESS

TW
0

La Junta de Reclamaciones Económico Administrativas de Zaragoza (JREAZ) ha recibido en 2022 un total de 523 requerimientos económicos que han supuesto un importe de algo más de 7 millones de euros, y el 40 por ciento se han resuelto a favor del ciudadano.

De las 523 reclamaciones, el 68 por ciento son de personas físicas y el 59 por ciento se presentan de forma telemática; además el 65 por ciento han actuado a través de un representante, generalmente un abogado, lo que refuerza la idea de que este tiempo de gestiones se confía a profesionales.

La mayoría, el 43 por ciento, están relacionadas con el impuesto de plusvalía, pero suponen un descenso sobre el ejercicio anterior, cuando en 2021 se registran 325 reclamaciones por este concepto, una cifra que baja a 225 en 2022 porque los criterios de resolución al ciudadano «han sido los adecuados».

Así lo ha considerado la consejera municipal de Presidencia y Hacienda, Maria Navarro, durante la presentación, de la Memoria 2022 del la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas del Ayuntamiento de Zaragoza (JREAZ), junto con el presidente de este órgano municipal, Jesús Royo.

En rueda de prensa, María Navarro ha explicado que la JREAZ es un «órgano necesario para dar garantías y de forma gratuita a los zaragozanos, de forma independiente e imparcial». Está formado por el presidente, dos vocales y secretaria de la Junta que «han funcionado a la perfección», ha elogiado, al tiempo que ha agradecido a todos ellos su profesionalidad en la resolución de las reclamaciones.

El mayor número de procedimientos abreviados son de menos de 6.000 euros y el plazo máximo de resolución es de 6 meses; mientras que los ordinarios tiene hasta 12 meses, pero la media está en 109 días, poco más de tres meses, «muy por debajo de lo que marca la ley», ha incidido María Navarro, quien ha recalcado que «es un órgano a copiar» por otras administraciones.

Multas de tráfico

El presidente de la Junta de Reclamaciones Económico Administrativas de Zaragoza, Jesús Royo, ha comentado que los requerimientos sobre plusvalía recibidos han sido algo menos de un 30 por ciento sobre el año anterior. De los datos de la memoria se desprende que por tipo de impuesto, el 44 por ciento sigue siendo la plusvalía y se detecta un aumento en las multas de tráfico, que solo entran en vía ejecutiva y no voluntaria.

En 2021, las multas de tráfico fueron 79 casos, el 13,63 por ciento, y en 2022 alcanzan los 120 expedientes, el 24,01 por ciento. La causa es porque se presentan por particulares, «conocen la posibilidad de acudir y conforme se avanza en el trabajo las personas saben la posibilidad de impugnar las multas en vía ejecutiva y no voluntaria, que en ese caso provocaría la inadmisión», ha precisado Royo.

En general, los expedientes tramitados en 2022 ha aumentado y no solo por reclamaciones fiscales, sino también en las relaciones con otras administraciones. En total han sido 793 expedientes, de los que el 70 por ciento han sido abreviados --importe inferior a 6.000 euros-- y el 88 por ciento se han resuelto. Las estimatorias ha sido el 40 por ciento; las desestimadas llegan al 31 por ciento y las inadmitidas o archivadas el 29 por ciento restante.

En las reclamaciones llama la atención las presentadas de forma directa ante el Tribunal y se acude en menos veces a medidas de recurso de reposición ante la Agencia Tributaria lo que revela que la JREAZ «es un punto de referencia», ha apostillado Royo.

Al respecto, ha abundado Royo en que se estiman el 40 por ciento de las reclamaciones y comparado con otros tribunales es el que más porcentaje de estimadas tiene. El resto son desestimadas o inadmitidas, ya que muchas no son de ámbito tributario y este órgano «no puede entrar», ha apostillado.

Jesús Royo ha concluido al señalar que el de Zaragoza es el primer Tribunal Económico Administrativo que ha presentado la memoria de 2022 en España.

Paralizada 16 años

La JREAZ se constituye en diciembre de 2020, 16 años después de que su reglamento fuera aprobado. Es actual Gobierno de Zaragoza la dota de personal, algo imprescindible para la puesta en marcha del servicio. La constitución del Tribunal ha contado con la unanimidad de toda la Corporación municipal.

Es órgano está adscrito al Área de Hacienda e Interior y su funcionamiento se basa en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa, por lo que se trata de resolver el conflicto entre el ciudadano y el Ayuntamiento para que no lleguen hasta los Tribunales, evitando así procesos que se alargan en el tiempo y que conllevan la sobrecarga de la
Justicia.

La JREAZ, que da cumplimiento a la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, tiene como objetivo principal mejorar la gestión económico-financiera del Consistorio desde el punto de vista de los derechos de los contribuyentes, así como elaborar estudios en materia tributaria y emitir dictámenes sobre los proyectos de Ordenanzas Fiscales.

Funcionamiento de la junta de reclamaciones

Los contribuyentes zaragozanos que quieran presentar una reclamación ante la JREAZ pueden realizar el proceso, íntegramente, de forma telemática, a través de 'https://jreaz.zaragoza.es'.

De hecho, la Junta ha sido el primer órgano independiente del Ayuntamiento en relacionarse con los ciudadanos a través de su página web desde el inicio de la reclamación hasta el final del proceso. Desde entonces se han ido incorporando novedades tecnológicas como las consultas por videollamadas o la celebración de vistas mediante el sistema de grabación, siempre respetando todas las garantías legales.

Además, los ciudadanos cuentan con la posibilidad de presentar sus reclamaciones de forma presencial en la sede de la Junta de Reclamaciones Económico- Administrativas, en el edificio «el Cubo».

Disponen de un mes desde que el Ayuntamiento haya notificado el impuesto, tasa o precio público sobre el que se desea reclamar. La presentación de una reclamación no tiene ningún coste para el contribuyente y cuenta con todas las garantías. Sus resoluciones se difunden cada mes en la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior y Economía, Innovación y Empleo.