Así lo ha dicho cuestionada por periodistas en Antequera (Málaga) sobre la denuncia pública del grupo de Por Andalucía, respecto a una normativa para «privatizar la atención primaria» en la comunidad al permitir que empresas privadas «utilicen» hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para pruebas u operaciones «concertadas» con la sanidad pública.
García ha explicado que lo que está haciendo la Junta «es modificar una orden de tarifas del año 1998», la cual mejora, estableciendo «un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en la comunidad autónoma andaluza».
«Insisto en que este Gobierno no va a privatizar absolutamente nada», ha señalado García, quien, de hecho, ha asegurado que «lo que está sucediendo es lo contrario», apuntando, por ejemplo, que Andalucía «no tenía pet tac en tres provincias, Almería, Jaén y Huelva, y va a tenerlo, lo que supone que pet tac que se externalizaban se van a hacer por el SAS».
Este nuevo proyecto sobre orden de tarifación para concertación de asistencia sanitaria «mejora al derogado de 1998, no solo en la que actualiza la obsolescencia anterior, sino que aporta otros beneficios», ha indicado la consejería en un comunicado, apuntando que «contempla todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario --incluidas todo tipo de consultas, tanto de Atención Primaria como especializada--».
Por tanto, han incidido en que «lo que se pretende con este nuevo proyecto de orden es prever y normativizar las tarifas de concertación de todos los procedimientos para que llegado el caso estas no se puedan concertar a la tarifa que se considere oportuna como así ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla la Mancha o Valencia».
Asimismo, han indicado que «tener previsto en una norma es obligación de toda administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo pandemias, situaciones de catástrofe, etcétera».
La consejera ha pedido «compromiso y sensatez» y ha considerado que se pretende «desviar la atención» cuando, ha defendido, el Gobierno andaluz «lo que ha dado es señas de todo lo contrario, con el mayor presupuesto de la historia en sanidad, 4.000 millones más que 2018, 30.000 profesionales más, más centros hospitalarios y más centros de salud».
«Creo que la población andaluza sabe muy bien lo que está haciendo este Gobierno y es apostar decididamente por la sanidad pública en Andalucía», ha incidido García, quien ha recordado que los decretos de garantía «ya los estableció el PSOE y cuando no se cumplía existía la opción de irse a la privada, esa opción existía y existe».
Ha señalado que los andaluces «solo quieren una cosa, que se les opere y hagan sus pruebas en tiempo y forma y esa es la obligación de esta consejería». Desde el SAS han recordado que se han puesto en marcha 34 nuevas instalaciones sanitarias «que eran muy necesarias en las ocho provincias desde 2019»; en concreto, se han inaugurado seis hospitales, cuatro hospitales de día, nueve centros de salud, nueve ambulatorios, tres centros de urgencias y tres centros de atención infantil temprana.
Cuestionada por el hecho de que un médico de la sanidad privada pueda utilizar una instalación del SAS, García ha dicho que «ya se está haciendo en otras regiones, gobernadas por el PSOE, por ejemplo Extremadura o Valencia» y ha explicado que supone que «profesionales privados, por ejemplo, anestesistas, que es lo que está pasando en esas comunidades, puedan trabajar dentro de un quirófano público». «Es decir, el equipo sigue siendo del SAS pero incorpora ese profesional privado que está en déficit», ha señalado.
Déficit de profesionales
Precisamente, para la consejera, «el problema es el déficit de profesionales, no en Andalucía, sino en todo el Sistema Nacional de Salud», recordando que la Junta ha llegado «a un acuerdo para reducir el número de pacientes a 35 y a 25 los pediátricos y agradecer la voluntariedad de los profesionales para por la tarde con la continuidad asistencial poder seguir atendiendo».
Al respecto, ha señalado que Andalucía está ahora «en una media de 2,62 de atención de media en Atención Primaria, solo tenemos algunos puntos conflictivos que es donde estamos trabajando», con lo que ha insistido en que «la atención en Andalucía es pública y va a seguir siendo pública».
Pero, ha dicho, «nos duele la boca de pedir al ministerio el aumento de las plazas MIR, porque se jubilaron 687 profesionales en 2022, 797 en 2023 y de aquí al 2030 serán 6.800 y no tenemos profesionales para sustituir»; mientras, ha precisado, «este año se han quedado fuera de la formación especializada 4.000 licenciados en medicina».
Por eso, ha asegurado que piden a la ministra, Carolina Darias, «que haga una convocatoria extraordinaria para que esos no tengan que esperar un año». «Si no hay plazas MIR de especialización seguiremos sin tener profesionales», ha manifestado.
No obstante, ha asegurado que Andalucía «ha hecho sus deberes, siendo la primera en plazas MIR, con 453 más, un 33,53% más, el 21% de las que se hacen en el Sistema Nacional de Salud», insistiendo en pedir a la ministra «por favor, que haga una convocatoria extraordinaria de plazas MIR para resolver un problema, no de hoy, de mañana, porque llevamos cuatro años de retraso porque el ministerio no ha querido dar su brazo a torcer».
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