Archivo - Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer | Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

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La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado firme la sentencia que absolvió a los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como a la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela de los delitos de malversación y prevaricación de los que habían sido acusados por el PP en relación al caso Open de Tenis.

En una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados declaran firme la sentencia dictada el 6 de mayo de 2022 al haber transcurrido el término legal sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la misma.

En este caso, procede el archivo de las actuaciones dejando sin efecto las medidas cautelares que se hubieran podido adoptar en el curso del proceso.

Los magistrados exoneraron a los exediles al no quedar probado que «los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales».

La Sala condenó en costas al Grupo Municipal del Partido Popular por acusar «con temeridad y mala fe». En noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó mantener la condena en costas por acusar «con temeridad» aunque retiró que lo hiciera por «mala fe». El PP no recurrió está resolución.

En el juicio, los exediles manifestaron que la acusación buscaba «dañar personal y políticamente» a los «contrincantes políticos» del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Informes externos

El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta en el mandato pasado por el Grupo Municipal Popular y la asociación Transparencia y Justicia contra los tres exresponsables municipales por presuntamente encargar «a dedo» y «sin publicidad» a dos equipos de abogados informes externos para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno de Gallardón.

La acusación particular que representaba al PP solicitaba 5 años de cárcel para los acusados y reclamaba 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Fiscalía de Madrid no apreciaba delito en su actuación. Transparencia y Justicia no formuló escrito de acusación.