Los Kikos, el mayor clan organizado de venta de droga en la Cañada Real, serán condenado a penas de hasta ocho años y medio de cárcel y multa de 1,6 millones de euros al aceptar el acuerdo ofrecido por la Fiscalía de Madrid por el que reconocieron en el juicio dirigir y formar parte de la organización.
El acuerdo de la fiscal, al que tuvo acceso Europa Press y ratificado el pasado martes, rebaja la pena a todos los acusados, seis de ellos en prisión preventiva. Se les impone penas de entre dos y ocho años y medio de cárcel, lo que supone una rebaja de penas significativa frente al escrito de acusación inicial de la fiscal.
La sentencia que se dicte en las próximas semanas recogerá el acuerdo alcanzado entre la fiscal y los abogados defensores. La mayor rebaja de condena recae sobre el supuesto líder de los Kikos, quien ha visto rebajada la pena a imponer de 15 años de cárcel a seis años y medio.
La multa de 5 millones de euros que se le pedía disminuye también a 1,6 millones. Al cabecilla se le aplica la atenuante cualificada de dependencia de bebidas alcohólicas prevista en el artículo 21.2 y 66.1.2º del Código Penal en relación con el delito contra la salud pública.
A tres de los acusados se les aplica la atenuante analógica derivada del consumo de sustancia estupefaciente, prevista en el art. 21.7, 21.1 y 20.2 del Código Penal en relación con el delito contra la salud pública.
En su declaración, los acusados se limitaron el pasado lunes a reconocer a preguntas de la fiscal los hechos ante el tribunal y a manifestar sus adicciones al hachís, cocaína e incluso alguno a la heroína.
Conforme al acuerdo, admitían dirigir el mayor punto de venta de droga al menudeo en la Cañada Real desde una infravivienda acorazada desde donde suministraban 200 dosis al día.
El fiscal les acusa de delitos contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas prohibidas y deposito de armas.
Operación maiz
A los procesados se les detuvo en la denominada 'operación Maíz' en la que se desarticuló en marzo de 2020 el mayor punto de venta de drogas en la Cañada Real y de toda la región, ubicado estratégicamente y completamente bunquerizado con fuertes medidas de seguridad.
El total del dinero intervenido en la totalidad de las entradas y registros practicados ascendió a 526.453,37 euros procedente de la actividad ilícita. Mientras que la sustancia estupefaciente intervenida estaba destinada a su distribución a terceros y tiene un valor en el mercado ilícito, de 1,5 millones de euros.
En el escrito de acusación, el fiscal expone que en la parcela 20 PB F de la Cañada Real, la fuerza instructora tuvo que derribar tres puertas acorazadas, para acceder al interior. En ese momento, los acusados que se encontraban dentro provocaron un incendio a fin de evitar que los Agentes pudiesen incautar las sustancias, dinero y efectos que allí se encontraban.
Sucesores de los gordos
Durante las vigilancias los agentes pudieron comprobar que el punto de venta ubicado en la vía pecuaria estaba regido por el clan de los Kikos, sucesores de otro antiguo y conocido clan desarticulado hace años, el de los Gordos. Contaba con una estructura que empleaba a unos individuos como 'aguadores' y que a su vez, dado el trasiego continuo de personas y vehículos, tenían un servicio de aparcacoches para los compradores.
Otros integrantes de la organización se situaban en el acceso a la parcela para decidir qué compradores o consumidores podían entrar y finalmente otros controlaban el acceso al inmueble. En el interior de la parcela se encontraban otras personas que dispensaban la droga en el interior de una sala bunquerizada.
Las investigaciones también permitieron comprobar que tras estos individuos se encontraba el 'número dos' de la organización para supervisar sus actuaciones y que todos ellos guardaban algún tipo de parentesco directo con los líderes de la organización.
Supermercado de la droga
Tras finalizar las investigaciones, los policías iniciaron la entrada y registro de manera simultánea en cinco domicilios, dos en Madrid, uno en Alcalá de Henares, uno en Torrejón del Rey (Guadalajara) y otro en el municipio toledano de Illescas.
Durante los registros se pudo comprobar que el punto de venta ubicado en la Cañada Real funcionaba como un supermercado, ya que tenían carteles llamativos en los que anunciaban los productos y los precios, otros carteles con los horarios de los autobuses que circulan por el lugar y zonas donde acomodar a los clientes o a los que decidían consumir la droga en el lugar.
En el registro practicado en la vivienda de la Cañada, los agentes se encontraron con fuertes medidas de seguridad que habían instalado los investigados, como cámaras de videovigilancia y accesos con varias puertas acorazadas instaladas de manera consecutiva.
A pesar de que algunos de los arrestados incendiaron la estancia para hacer desaparecer los estupefacientes y el dinero, los agentes consiguieron recuperarlo. Los sanitarios tuvieron que atender a algunas personas, pero ninguno de gravedad.
En toda la operación se intervinieron un total 520.000 euros en efectivo, 19 kilos de cocaína, casi tres kilos de hachís y heroína, 18 armas de fuego cortas reales con casi 2.000 cartuchos de distintos calibres, maquinaria para tratar sustancias estupefacientes (prensa hidráulica y máquina envasadora al vacío), así como diversas joyas, relojes de lujo y 11 vehículos, algunos de ellos de alta gama.
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