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El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión ordinaria, ha aprobado este miércoles, 25 de enero, de manera definitiva, el reglamento del Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales de Zaragoza, un órgano especializado para resolver recursos especiales en materia de contratación.

El reglamentado ha sido aprobado con 18 votos a favor, de PP, Ciudadanos, Podemos y VOX, con dos abstenciones, de Zaragoza en Común, y nueve votos en contra del PSOE.

Se trata del único punto del orden del día en el que han intervenido los grupos municipales. La consejera de Presidencia, Hacienda e Interior y portavoz del PP, María Navarro, ha indicado que el objetivo de este nuevo órgano es que aquellos recursos que puedan ser planteados por empresas o ciudadanos contra sociedades y organismos autónomos municipales o contra el Ayuntamiento de Zaragoza «puedan resolverse por un tribunal propio que garantice la imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalidad para dar las mayores garantías».

Ha recordado que el Gobierno de Aragón presentó alegaciones fuera de plazo «y sin avisar», se fue al contencioso-administrativo, que ha hecho modificar el reglamento a través de una sentencia, tras lo que se ha sacado a consulta previa y se ha adecuado.

«Olvidemos las elecciones», ha pedido, para dirigirse al grupo del PSOE y solicitarle que reclame al Gobierno de Aragón «que respete la independencia y autonomía» del Ayuntamiento de Zaragoza.

A colación, la concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha sostenido que su formación es favorable a la creación de este órgano, pero ha pedido «seguridad jurídica» y «prudencia» para esperar a que se apruebe por parte de las Cortes de Aragón la ley para el uso estratégico de la contratación pública, cuya tramitación «está a punto» y permitirá «aclarar todas las dudas» que aún existen sobre nuevo órgano.

Retraso

La consejera municipal de Economía y portavoz de Cs, Carmen Herrarte, ha recordado que este tribunal «lleva 16 años de retraso» y «lo que queremos es sacarlo adelante», frente a un PSOE «que se ha vuelto a quedar solo» y «solo hace que bloquear», para recordar que se ha tenido en cuenta una enmienda parcial del Gobierno de Aragón e indicar que ya existe un acuerdo anterior en el Consistorio para ponerlo en marcha, que contó con unanimidad.

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha explicado que su grupo siempre ha apoyado la creación de este órgano y ha argumentado su abstención «para que se haga un esfuerzo de consenso» y haya «seguridad jurídica» respecto a este instrumento. «No queremos que este asunto sufra otro retraso; lo lógico sería abrir una vía de diálogo», ha instado, tras lamentar que la colaboración institucional por ahora solo sean «palabras bonitas que se arrojan unos a otros, pero no se trabaja en que sea una realidad».

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha manifestado que este órgano ya se impulsó en la anterior Corporación «y lo vamos a apoyar», para dirigirse a la consejera de Hacienda y pedirle que los cerca de 27 millones de euros de remanente de tesorería se destinen a paliar el efecto de la inflación en las familias más desfavorecidas.

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha dicho «que sorprenden las resistencias» por parte del Gobierno de Aragón a la creación de este órgano. «No está por este tribunal, quizá porque quiere mantener la exclusividad» respecto al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), ha apuntado, para advertir de que en el caso del municipal «no hemos blindado la exclusividad» y expresar dudas porque se generen «duplicidades indeseadas».

Características

El Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales de Zaragoza, que podría estar en funcionamiento en unos meses, es un órgano especializado, que actuará con plena independencia funcional, transparencia e integridad. El reglamento contempla que es un órgano colegiado, compuesto por la presidencia y dos vocales, pudiéndose incrementar si el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje. Su nombramiento se realizará previa convocatoria pública.

Entre sus competencias están las de conocer y resolver recursos especiales en materia de contratación, adoptar decisiones sobre medidas de ámbito judicial o las de conocer y resolver reclamaciones en sectores como el de seguros privados, planes y fondos de pensiones, de ámbito tributario y de litigios fiscales.

Su creación, avalada por la Ley Reguladora de bases de Régimen Local y la Ley de Capitalidad, vino determinada por las cifras de contratación existentes en el Ayuntamiento de Zaragoza, que, desde hace años, han contado con un crecimiento exponencial. También, por la necesidad de simplificar los trámites a los licitadores en los procedimientos administrativos para la resolución de los posibles recursos y por la intención del Consistorio de ampliar los mecanismos garantistas en materia de contratación.

'cocinas fantasmas'

Por otra parte, el pleno ha dado el visto bueno, por unanimidad, a otras cuestiones, como la aprobación inicial de la modificación aislada número 193 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el objeto de regular la actividad de preparación de comida y reparto a domicilio, planteada por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

El consejero responsable de la misma, Víctor Serrano, expusó la semana pasada que se trata de regular la actividad de los locales de planta baja que son destinados a la preparación y distribución de comida, unas cocinas industriales no abiertas al público y enfocadas en la producción para el envío a domicilio conocidas como 'dark kitchen' o 'cocinas fantasmas'.

Asimismo, se consideran 'dark stores' aquellos almacenes de reparto ultra rápido provistos de productos para suministrar tanto a domicilio, como a otros negocios.

La modificación aislada 193 busca aplicar de forma satisfactoria la normativa establecida por el PGOU vigente, especificando cuándo las cocinas profesionales y los almacenes pueden considerarse compatibles con las viviendas y situarse en áreas residenciales y cuándo son incompatible y por tanto ha de ubicarse en zonas productivas.

En concreto, plantea que las 'cocinas fantasma' puedan situarse en zonas urbanas con uso dominante residencial, cuando se integren en local de planta baja, sin sobrepasar los cien metros cuadrados de tamaño del local, con acceso directo desde una calle que no sea peatonal y con anchura mínima de 12 metros, sin poder situarse dos en la misma calle en distancia inferior a cien metros, e incluyendo zonas de espera para repartidores.

Por su parte, los almacenes o tiendas fantasma podrán estar en zona residencial en locales de planta baja, con una superficie máxima de 300 metros cuadrados, y cuyas zonas de vehículos de repartos no ocupen ni más de 10 metros cuadrados, ni más del 10% de la superficie construida del local.

Por otra parte, se ha aprobado de manera definitiva la modificación del estudio de detalle en la manzana M-4 de la Unidad Edificable UE-6, del Área U-71-15, en el Barrio de Santa Isabel, a instancia de la mercantil Urbanización Los Prunos y el estudio de detalle en la parcela situada en calle Lourdes, número 5, a instancia de la mercantil Inversiones Rústicas Casetas.

Igualmente, la modificación aislada número 199 del PGOU con el objeto de excluir parte de una parcela del sector SUZ SI/1, Barrio de Santa Isabel, y definir una nueva área de intervención.

Finalmente, se ha mostrado la conformidad por el pleno al texto refundido de modificación aislada número 1 del Plan Parcial del Sector 38/1 y PERI Quinta Julieta, a instancia de la Junta de Compensación del citado ámbito.