La consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha afirmado este martes que el trámite parlamentario de la nueva ley catalana de memoria democrática «debería iniciarse en febrero» y ha asegurado que llegará en breves al Parlament.
En el pleno del Parlament, la consellera ha señalado que la ley «actualizará y armonizará el corpus legal existente», formado por la ley del memorial, la ley de fosas y la de reparación jurídica, y ha puntualizado que las políticas de memoria del Govern siempre reivindican, en sus palabras, los valores de libertad, autogobierno y justicia social.
Además, ha explicado que la nueva ley catalana de memoria democrática adaptará la tradición democrática y memorialista «en un momento de cambio generacional, donde muchos ciudadanos no recuerdan, porque no pueden, ni la dictadura ni la transición» y ha enfatizado que el trabajo educativo y pedagógico será un punto importante.
«Tenemos un buen texto de partida, que comienza en la etapa de la consellera de Justicia Ester Capella (2018-2021), continúa en la de la consellera Lourdes Ciuró (2021-2022) y la cerramos nosotros», ha dicho refiriéndose a la nueva ley catalana de memoria democrática, y ha animado a los grupos a participar en el trámite parlamentario asegurando que el texto mejorará con sus aportaciones.
Preguntada por la diputada de Junts Aurora Madaula sobre la retirada del monumento franquista en del río Ebro a su paso por Tortosa (Tarragona), la consellera ha asegurado que la voluntad de la conselleria «es inequívoca para retirar este monumento» y que trabajan para impulsar todas las acciones posibles para que no se obstaculice más su retirada.
"grave problema competencial"
En el marco de la interpelación de la CUP sobre la recuperación de los bienes inmatriculados por la iglesia, Ubasart ha afianzado el compromiso del Govern de impulsar las iniciativas necesarias para que se haga justicia, lo cual «implica recuperar los bienes immatriculados de la iglesia en los casos donde no se justifique de forma clara la utilidad del bien en cuestión».
«Tenemos un grave problema competencial y lo único que puede hacer la Generalitat es impulsar procesos de diálogo y de negociación, pero no legislativos», ha lamentado la consellera.
Ha interpelado a los grupos parlamentarios de la Cámara catalana con representación en el Congreso a ponerse de acuerdo en Madrid «para pactar iniciativas de este carácter en el Congreso».
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