José Antonio Casanueva (c), abuelo de Marta del Castillo, en el acto público convocado por él junto a un colectivo del barrio donde vivía la joven asesinada, cuando está a punto de cumplirse 14 años del crimen | Eduardo Briones - Europa Press

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La familia de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, prevé celebrar este martes, como conmemoración del 14 aniversario del crimen, una serie de actos para reclamar una vez más la recuperación del cadáver, extremo aún pendiente en este asunto.

El abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, ha explicado que para las 11 horas de este martes, jornada del 14 aniversario del crimen, hay prevista una concentración ante el acceso a los Jardines de Murillo desde la calle San Fernando, así como después una ofrenda floral y un minuto de silencio ante los juzgados del Prado de San Sebastián, junto con una fotografía de Marta del Castillo, cuyo cadáver sigue sin haber sido localizado tantos años después, como ha recordado José Antonio Casanueva, después de que hace meses fuese declarada la «conclusión de la instrucción» y archivo de la pieza judicial separada correspondiente a la búsqueda del cuerpo, si bien ante ello la Fiscalía precisa que la búsqueda sigue abierta hasta tener resultados.

La semana pasada, José Antonio Casanueva protagonizaba ya un acto público ante los medios de comunicación, exponiendo que a sus 86 años de edad le queda ya «poco camino» en la vida, por lo que reclamaba una vez más la localización del cadáver de su nieta, avisando además de que una «mano negra» estaría impidiendo el pleno esclarecimiento del crimen y de que los jueces «están matando en vida» a la familia de la víctima, a base de resoluciones contrarias a sus intereses y la denegación de sus solicitudes.

«Moriré buscando a mi nieta. No voy a parar hasta que Dios me lleve», aseveraba el abuelo de Marta del Castillo, aplaudido por sus vecinos al grito coreado de «todos somos Marta».

Recordemos que el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, en el marco de la pieza correspondiente a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, había atendido una petición de la familia para que dicha línea de investigación abarcase los «datos crudos» de teléfonos móviles relacionados con los hechos.

En ese marco, el pasado 21 de septiembre de 2022, el Juzgado emitía un auto dando cuenta de los «informes emitidos por las operadoras» de telefonía móvil respecto a los terminales de Miguel Carcaño y Marta del Castillo, para su traslado al perito designado a fin de que el mismo «presente informe, acordándose el archivo de esta pieza en tanto se remita» dicho informe.

También la audiencia

La Sección Tercera de la Audiencia, de su lado, emitía un auto el pasado 26 de octubre de 2022, desestimando un recurso de apelación de la familia de la víctima, contra un auto previo emitido en febrero de 2022 autorizando a un perito a acceder a los «datos telefónicos crudos» de los teléfonos móviles con los que contaban a la fecha de los hechos Miguel Carcaño y Marta del Castillo; pero excluyendo de dicha medida «el resto de terminales telefónicos», en alusión a los móviles de otras personas juzgadas por el crimen, como es el caso del hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado; su novia María García Mendaro, el amigo de Carcaño Samuel Benítez o el joven Francisco Javier García, conocido como El Cuco.

Los tres primeros, recordémoslo, fueron absueltos tras el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por este crimen, mientras en el caso del Cuco, fue condenado por un Juzgado de Menores por encubrir el asesinato perpetrado por Carcaño y, ya en 2022, el Juzgado de lo Penal número siete le condenaba junto a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio, en sus comparecencias como testigos en el citado juicio celebrado en 2011 contra los adultos.

La Sección Tercera de la Audiencia desestima el recurso de apelación de los padres de la víctima «al ser de aplicación la nueva doctrina del Tribunal Supremo (...), que considera precluido el plazo de investigación sin que previamente se hubiera acordado su prórroga, al no haber sido interesado por las acusaciones dicho pronunciamiento, efecto que debe apreciarse en las presentes diligencias, que se iniciaron en fecha de 9 de noviembre de 2009» como «pieza separada para continuar las gestiones de búsqueda y localización del cuerpo» de la víctima, «sin que posteriormente se haya dictado resolución de prórroga del plazo de instrucción».

Las decisiones previas

La Sección Tercera de la Audiencia esgrime la firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo tras ser recurrida en casación la sentencia de la Sección Séptima de la primera instancia sobre la pieza principal incoada respecto a este crimen; así como el segundo archivo de las actuaciones incoadas contra Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, a cuenta de las acusaciones en la que este le acusaba de ser el verdadero autor del crimen.

Citando una prolija jurisprudencia, la Sección Tercera de la Audiencia declara de este modo «concluida la fase de instrucción dado el tiempo de duración de la investigación», en concreto «12 años, once meses y 17 días», lo que «impide igualmente tener en cuenta las actuaciones acordadas una vez terminado el plazo de instrucción, conforme a la doctrina jurisprudencial, sin que resulte actuación delictiva alguna ajena a la que fue objeto de enjuiciamiento en la pieza matriz o principal», saldada con la condena de Miguel Carcaño.

No habrá más diligencias

Así, el tribunal desestimaba el recurso de apelación de la familia de la víctima y con ello confirmaba la denegación de «la práctica de nuevas diligencias de prueba», en este auto contra el que no cabía «recurso ordinario alguno», mientras la decisión de archivo del Juzgado de Instrucción número cuatro sí era susceptible de recurso de reforma.

No obstante, recientemente la Fiscalía formalizaba un escrito asegurando que «la pieza siempre permanecerá abierta hasta que aparezca el cuerpo, sin límite temporal alguno», tras lo cual solicitaba a la autoridad judicial que especifique dicho extremo en su siguiente resolución.