La Comunidad permitirá a los ayuntamientos construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha destacado esta novedad normativa incluida en la Ley Ómnibus durante su participación esta mañana en un encuentro organizado por la asociación Women In Real Estate Spain (WIRES).

Martín ha señalado que, con la aprobación de esta norma en diciembre del año pasado, «el Gobierno madrileño ha cumplido un nuevo compromiso, al llevar a cabo una reforma legislativa ambiciosa orientada a ampliar espacios de libertad, incrementar la eficiencia, tanto en el ámbito autonómico como local, y asegurar un marco regulatorio favorable al emprendimiento y el desarrollo de proyectos e inversiones».

«Ahora está en manos de los diversos operadores, públicos y privados, aprovechar todas las herramientas y oportunidades que ofrece», ha añadido.

La norma hace posible que los consistorios con parcelas públicas de suelo calificado como equipamiento o dotacional, que no han cumplido su destino ni lo van a cumplir y se convierten en un vacío urbano, tengan esta posibilidad de actuación, una medida que servirá para luchar contra el éxodo de la población joven en pequeños municipios. «Supone también un ahorro de tiempo y recursos humanos para los ayuntamientos», ha abundado.

El Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, informará a los 179 consistorios de la región sobre las nuevas posibilidades que ofrece la Ley Ómnibus, fundamentalmente en ahorro de tiempo y recursos humanos.

Más competencias urbanísticas para municipios de más de 15.000 hab.

La nueva normativa también dota a los municipios con más de 15.000 habitantes de mayores competencias para la aprobación de modificaciones o correcciones a su planeamiento (que hasta ahora requerían modificación del Plan General). Estos tendrán la opción de hacerlo mediante planes especiales, sin que la Comunidad tenga que dar el visto bueno definitivo como ocurría hasta ahora.

Esta medida supone una reducción de seis meses en los plazos de tramitación, agilizando la implantación de actividades, desarrollos urbanos e inversiones.

Modificación de 50 normas en la ley ómnibus

La Asamblea regional dio luz verde en diciembre del año pasado la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración. El texto tiene por objeto la modificación de 50 normas que refuerzan tanto la seguridad jurídica como la agilidad y eficacia de los organismos públicos.

Pero el cambio más importante, ha explicado hoy Paloma Martín, se ha producido en materia de vivienda, «en la que se ha escuchado a todos los sectores incorporando sugerencias». «El sector constituye uno de los principales motores de la región, acumulando el 14 por ciento del PIB y de empleo de Madrid», ha indicado.

De hecho, ha detallado que en la región se construye el 54 por ciento de la vivienda protegida en España en los últimos tres años, el 70 por ciento de la inversión residencial total y el 76 por ciento de la inversión inmobiliaria extranjera.

«En 2020 fuimos capaces de sacar adelante la primera modificación de la Ley del suelo con carácter de urgencia, agilizando determinadas licencias urbanísticas con declaraciones responsables que garantizan que las actuaciones cumplen con los requisitos exigidos. Los controles no desaparecen, llegan en un momento posterior. Son mecanismos adaptados a la sociedad actual, que permiten la competitividad, más oportunidades y ahorrar tiempo y dinero a ciudadanos, pymes y empresas», ha indicado la titular regional de Vivienda.

En este sentido, ha explicado que Ómnibus es una ley «directamente enfocada a la reactivación del sector inmobiliario». «Parte de las peticiones del sector inmobiliario y cuenta con su apoyo y tendrá reflejo en Madrid Nuevo Norte. Nos permite ofrecer una respuesta pública y rápida a muchas de las necesidades inmobiliarias: más suelos para la vivienda pública, facilitar el acceso sobre todo en los jóvenes, como principal compromiso del Gobierno regional», ha indicado.

Entre otros puntos, Martín ha indicado que con Ómnibus se introduce una nueva regulación del derecho de superficie, adaptándolo a la legislación estatal. «Además de más suelo para vivienda, con Ómnibus sabemos que vamos a lograr más flexibilidad urbanística porque se regula pro primera vez las actuaciones de dotación adaptando la ley a la legislación estatal para las diferentes actuaciones de transformación de suelo», ha apuntado.

Seguridad jurídica

La consejera ha detallado también que dotan a los expedientes de seguridad jurídica y evitan anulaciones, «como en la operación Mahou Calderón o Santiago Bernabéu». «También facilitamos que la empresa hagan viable operaciones en suelo urbano con excedentes de aprovechamiento para ampliar sus instalaciones», ha agregado.

«Esta ley también supone más colaboración público-privadas entre ayuntamientos y entidades colaboradoras para que estas gestionen licencias. Ello reducirá sustancialmente las demoras para acumulación de solicitudes. Las entidades podrán actuar en todos los municipios mientras que ahora solo operan en la capital. Los ciudadanos podrán elegir si acuden a entidades en las ventanillas municipales, lo que podrá suponer un ahorro de costes para los ciudadanos», ha proseguido la titular regional de Vivienda.

Y es que ha explicado en este foro que España el retraso para la concesión de licencia de obra nueva es de un año, «lo que tiene un sobrecoste de 13.000 euros, llegando en muchos caso a suponer 30.000 euros y no reportaba beneficio alguno a los ayuntamientos».

Modificaciones en medio ambiente

Paloma Martín también ha señalado que la Ley Ómnibus supone modificaciones en Medio Ambiente. «Se reforman ocho leyes para eliminar duplicidades, modernizar la administración pública y agilizar la economía. »También se elimina le evaluación ambiental de estudios de detalles y planes especiales. En estos casos la evaluación ya está incluida en el Plan General y suponía duplicar el procedimiento. Con ello se va a agilizar su tramitación y aprobación, reduciendo los plazos entre cuatro y seis meses", ha subrayado.

«Nuestro modelo es claro, un modelo que apoya la actividad inmobiliaria, ofrece confianza y apuesta por la colaboración pública privada con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. El Gobierno regional ha cumplido un nuevo compromiso al llevar a cabo una reforma que ha supuesto ampliar espacios de libertad, incrementar la eficiencia madrileña y un marco regulatorio flexible favorable al desarrollo de proyectos e inversiones teniendo un efecto palanca sobre economía y vivienda», ha resumido.

La consejera considera que la Comunidad de Madrid «lanza un positivo mensaje a los inversores frente a las incertidumbres de la actuación del Gobierno de España por la Ley de Vivienda. »Nosotros tenemos que seguir trabajando en una acción de gobierno para atraer inversiones y generar empleo en un entorno de generación de oportunidades para todos", ha concluido.