Así lo ha confirmado el vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, después de que en el mes de junio se anunciase la intención de hacerlo.
Ossorio ha explicado que en ese momento se presentó el escrito especificando la disposición impugnada y, una vez recibido, el Supremo le pidió al Ministerio de Educación «el expediente de tramitación» de todo el decreto. Este se trasladó a la Comunidad de Madrid, que lo estudió con detenimiento, y este mismo lunes presentó el recurso como tal ante el Alto Tribunal.
Dicho recurso está motivado por «la ausencia de contenidos básicos, así como en la elevada ideología incluida por el Gobierno de España en la redacción de la normativa».
Por ejemplo, según han señalado desde el Ejecutivo madrileño, «algunos términos en asignaturas con las que no guardan ninguna relación se repiten de manera numerosa, como sostenibilidad (130 veces), perspectiva o igualdad de género (54 veces)».
Como recoge el informe en el que la Comunidad de Madrid ha basado su recurso, «el abordaje de estos temas resulta complejo y debe hacerse con la mayor seriedad y rigor, pues no parece prudente vincular, por ejemplo, la validez matemática con el consumo responsable, ni exigirles a los docentes de las distintas especialidades que deban enfrentarse a ello sin tener los conocimientos requeridos». «Dicho en otras palabras, la reiteración constante sin importar una mínima coherencia termina por banalizarlos», han recogido.
En este sentido, han recordado que el propio Consejo Escolar del Estado, en su Dictamen 35/2021, expresó que «sería aconsejable realizar una revisión del proyecto, con el fin de analizar estos elementos del currículo desde el punto de vista de su verdadero carácter básico, así como examinar reiteraciones innecesarias».
Ve "intromisión"
De esta manera, según destaca el informe del Gobierno madrileño, la «intromisión» del Estado más allá de lo legalmente permitido puede suponer la conculcación directa de derechos constitucionalmente reconocidos como el artículo 1 (pluralismo político); 16.1 (libertad de pensamiento y conciencia); 16.2 (libertad declarativa); 20.1.c (libertad de cátedra); 27.1 (derecho a la educación y libertad de enseñanza); 27.2 (ideario educativo constitucional); 27.3 (derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos); y 27.5 (programación general de la enseñanza), por ello su especial relevancia.
Otro de los aspectos que se resaltan es la reducción de contenidos o saberes básicos, algo que sería contrario al artículo 6 de la propia ley orgánica 2/2006 LOMLOE, que define los contenidos como una parte esencial del currículo. Así, por ejemplo, en el caso de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, han contabilizado «una carencia de conocimientos mínimos correspondientes al 50% de los saberes básicos que debe desarrollarse, y, por el contrario, hay un exceso de referencias a ideología que el Gobierno central considera más importante que asuntos como, por ejemplo, la sostenibilidad».
El Ejecutivo madrileño también ha denunciado que «en la confección del currículo no se hayan tenido en cuenta las aportaciones de órganos independientes».
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