Archivo - Una pancarta a las puertas del Centro de Salud Arganda del Rey | Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

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Satse Madrid ha denunciado ante el Juzgado Contencioso-Administrativo la resolución de la Consejería de Sanidad sobre la reordenación de profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) afectados por el cierre de los antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y Servicios de Atención Rural (SAR) y ha reclamado medidas cautelares para que se suspenda judicialmente todo el proceso.

La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Sermas aprobó el pasado 28 de diciembre la orden por la que se procede a la reordenación de efectivos afectados por el cierre de estos centros y la apertura de los nuevos centros de continuidad asistencial para la atención urgente extrahospitalaria.

En concreto, contempla el cierre de los 37 antiguos SUAP y 40 SAR que funcionaban antes de la pandemia y su sustitución por los nuevos puntos de atención urgente extrahospitalaria bajo la denominación de Puntos de Atención Continuada (PAC). Según este modelo, 49 centros contarán con equipación completa de médico, enfermera y celador y los 29 restantes únicamente tendrán equipo de Enfermería y celador.

Todo ello tras un acuerdo con el sindicato médico Amyts que permitió la desconvocatoria de la huelga de facultativos afectados por esta reordenación tras más de diez días, aunque dejaba pendiente para negociar en Mesa Sectorial, ya con los cinco sindicatos, el resto del modelo.

En un comunicado, el sindicato de Enfermería ha explicado que lleva esta resolución ante los tribunales «al no haber existido negociación» previa y por considerar que se dañan derechos fundamentales «al vulnerarse el principio de igualdad y de no discriminación en el acceso a la función pública».

La organización sindical reclama medidas cautelares para que se suspenda judicialmente «todo el proceso» al vulnerarse, entre otros temas, «el derecho a la libertad sindical» al no negociarse, por ejemplo, «las condiciones laborales de los profesionales, incluidas sus retribuciones».

«Tanto la norma como los propios tribunales de Justicia establecen requisitos muy claros para que pueda hablarse del desarrollo de un verdadero proceso de negociación» que, en este caso, Satse Madrid considera que no se han producido.

De igual forma, entiende que se han cerrado centros (SAR y SUAP) abriéndose otros, los PAC «que, presumiblemente, tendrán un determinado ámbito funcional, jornada distinta y retribuciones diferentes a las que tenían asignados los profesionales de los SAR y SUAP, incumpliéndose, además, tal y como se comprometió la Consejería de Sanidad a que todos los centros, los 78, iban a estar dotados con personal de enfermería, médico y celador».

El sindicato también ha presentado un recurso de alzada ordinario contra la resolución de este procedimiento en el que solicita, de igual manera, la nulidad del proceso en base a «las numerosas irregularidades que se han ido produciendo durante este proceso de reordenación».

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad ya han anticipado su intención de impugnar la resolución de la Consejería de Sanidad, para lo cual tienen plazo hasta el próximo 28 de enero.

En la instrucción de la Consejería de Sanidad se alude a una "previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad (donde están representados los sindicatos CC.OO., UGT, Amyts, Satse y CSIT Unión Profesional), algo que rechazan los sindicatos.

Impugnación de amyts y ccoo

El sindicato médico Amyts, que llegó a un acuerdo con la Consejería sobre las urgencias extrahospitalarias tras una huelga de facultativos, ha confirmado su intención de impugnar la resolución «impuesta unilateralmente».

«Con este cambio de nombre, la Comunidad de Madrid se ve legitimada para llevarse por delante no solo más de 250 puestos de médico sino que también lo utiliza para cambiar condiciones laborales, marco normativo, retribuciones, jornada laboral y más aspectos que están por llegar en unos dispositivos SAR y unos profesionales de estos servicios de atención rural que han funcionado con absoluta normalidad y entrega hasta el pasado 27 de octubre», explicó Ángel Bayo, médico de SAR y delegado de Amyts.

Todo ello, según el sindicato médico, «sin dar opciones a los trabajadores de los SAR que no desean las nuevas condiciones de los PAC a que se integren en otros puestos de la Atención Primaria, en vacantes de centros de salud».

También CC.OO. ha confirmado que su departamento jurídico trabaja ya en la impugnación al considerar que no se ha producido ningún tipo de negociación, además de rechazar frontalmente este modelo asistencial.

CSIT Unión Profesional, por su parte, estudia «las posibles acciones judiciales» a llevar a cabo aunque, en cualquier caso, ha censurado que la Administración ha impuesto desde el principio este nuevo modelo con la oposición tanto de sindicatos como de profesionales.

Finalmente, Julián Ordóñez, de UGT Sanidad Madrid, ha recordado que esta «solución» viene del acuerdo de salida de huelga del sindicato Amyts y ha recordado que este sindicato, junto a Satse, CC.OO., CSIT Unión Profesional ya denunciaron la «nula negociación» de la Consejería de Sanidad en la reorganización de las urgencias extrahospitalarias en la Comunidad y su rechazo ante el modelo propuesto.