Archivo - La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en imagen de archivo | GVA - Archivo

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La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha defendido en Les Corts Valencianes, a petición propia, el plan de reagrupación de juzgados especializados en violencia de género y ha querido responder a las críticas lanzadas por los abogados: «La única preocupación de los colegios profesionales cuando presentamos el plan era la confluencia de partidos donde coincidían dos colegios. Si están ahora tan preocupados, que creen un turno especializado para atender a estas víctimas».

Bravo se ha pronunciado en estos términos en la cámara valenciana durante la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, donde ha expuesto el plan de reagrupación --elaborado por la Conselleria de Justicia en colaboración con la Sala de Gobierno del TSJCV y aprobado por acuerdo del CGPJ el 13 de junio-- y ha respondido a las críticas de la oposición --PP y Vox-- respecto a la falta de apoyos del plan.

En concreto, el diputado No Adscrito José Antonio Martínez ha preguntado a la consellera por qué, si el plan es tan bueno, los abogados están indignados y piden la reversión; y el diputado de Vox José María Llanos ha lamentado la reducción de juzgados y la falta de apoyos.

En esta línea, la diputada del PP Verónica Marcos ha criticado que «hay un recorte en toda regla» y ha acusado a Bravo de hacer un plan «a espaldas de todo el mundo». Por su parte, la diputada de Ciudadanos María del Carmen Peris ha recordado a Bravo que los abogados han anunciado que recurrirán el decreto y le ha preguntado con qué asociaciones de víctimas se ha reunido, puesto que ponen objeciones a la iniciativa.

«Dicen que el plan no cuenta con el apoyo de nadie. Mantengan lo que quieran. Fue presentado en 2021 y recibió el apoyo y el aval de la Sala de Gobierno del TSJCV y del CGPJ. Cuenta con el apoyo de quienes trabajan en el ámbito de la justicia: jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y de la mayor parte de asociaciones víctimas de violencia de género», ha respondido la consellera.

Respecto a la falta de apoyo de los abogados, la consellera ha recordado que en el momento en el que se les presentó el proyecto, «los colegios profesionales trasladaron que su única preocupación era la confluencia de aquéllos partidos judiciales donde coincidían dos colegios. Preguntaron qué iba a pasar cuándo a un partido judicial se le agrupaba otro que pertenecía a un colegio diferente. Esa era la preocupación. Y no hablaron de víctimas», ha expuesto.

Así mismo, les ha dicho: «Si tan preocupados están los colegios profesionales, que creen un turno especializado a las víctimas de violencia de género». «No quiero --ha añadido-- que las víctimas acaben renunciando a la asistencia letrada tras horas de espera en cuarteles o comisarías, que es donde van a denunciar la mayoría de las ocasiones», ha apostillado.

En este sentido, ha afirmado que con el plan actual pretenden corregir las disfunciones que han llevado en ocasiones a las víctimas a presentar denuncia sin estar asistidas por letrados: «Se trabaja para intentar salvar los problemas que ha generado el retraso en la asistencia porque los letrados atienden otros servicios o porque no se les ha llamado. Se han generado disfunciones de todo tipo y ahora se crea una comisión para garantizar a las víctima la asistencia desde el primer momento», ha subrayado.

"horas de espera y sin especialización"

Bravo ha insistido en los «beneficios» de la reagrupación y ha recordado que los juzgados mixtos no están especializados y que las víctimas de violencia que acuden a estos órganos a denunciar «son atendidas después de horas de espera por un juez que no cuenta con especialización ni exclusividad». «Quiero una jurisdicción como la de menores, donde jueces, fiscales y abogados lleven años centrados en violencia», ha reclamado.

Sobre las distancias entre los domicilios de las víctimas y los órganos judiciales, la consellera ha dado un dato: el 98% de las denuncias se presentan en sede policial o en comisaría y no en los juzgados porque no se dispone de un servicio de guardia para atender este tipo de denuncias.

Por este motivo, el plan contempla una coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las oficinas de los juzgados para, desde un primer momento, que la víctima esté acompañada por personal de las oficinas, para que obtenga el apoyo psicológico necesario y se le informe de los recursos.

En cualquier caso, sobre la distancia de las viviendas con juzgados, Bravo ha aseverado que no se superarán los 40 kilómetros de distancia --el CGPJ fijaba 50 como máximo-. «El plan reduce la distancia media, que se queda en 15,4 kilómetros, salvo con algunas excepciones que no estaban en nuestra propuesta inicial, como es lo que ha pasado con la agrupación del partido judicial de Xàtiva», ha dicho.

Así, como ejemplo, ha afirmado que la distancia media de cualquier población del partido judicial de Quart de Poblet a València será de 13 kilómetros; la de las víctimas del partido de San Vicente el Raspeig a Alicante será de 9 kilómetros; o en Sueca, de 30, la máxima distancia. «Si examinan las distancias, no las superamos», ha insistido.

Fases del plan

El plan consta de tres fases. La primera, este año, contempla la creación de cinco nuevos juzgados exclusivos de violencia contra la mujer. Así, la Comunitat es la autonomía que más juzgados exclusivos creará de toda España en este ejercicio.

En la segunda fase, en 2023, se crearán tres nuevos juzgados exclusivos en Sagunt, Elda y Castellón; y se pedirá al Ministerio de Justicia la creación de cuatro juzgados de lo Penal especializados en violencia contra la mujer: dos para Valencia, otro para Alicante y otro para Castellón.

En 2024 se contempla la creación de cinco nuevos juzgados: en Vinaròs, Llíria, Requena, Alcoi y Xàtiva. Así, una vez concluido el proyecto, la Comunitat contará con 13 nuevos juzgados exclusivos de violencia «distribuidos con criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia», así como con órganos penales de enjuiciamiento. «Cuando acabe 2024, habremos casi duplicado la planta judicial en materia de violencia de género: de los 16 órganos judiciales que hay ahora, serán 29 los que proponemos», ha dicho.