La Guardia Urbana de Barcelona ha detectado un aumento de las víctimas de trata con un perfil masculino, de tercera edad y explotados con fines de mendicidad, ha informado en una entrevista con Europa Press el sargento responsable del Grupo de Tráfico y Explotación de Personas (GTEP), José Forca, una sección que pertenece a la Unidad de Investigación del cuerpo policial barcelonés.
Forca ha explicado que el primer caso con víctima masculina en el que trabajó el GTEP en 2019 y donde comprobaron estos cambios les «pilló un poco a contrapié porque, como era normal, si todas nuestras víctimas eran mujeres o niñas, todo se focaliza en las ayudas a mujeres», y ha añadido que, aunque el porcentaje sea pequeño, va en aumento y es necesario encontrar una salida también para ellos.
Fue el que llamaron Cas Jardinets, donde un hombre de unos 80 años estaba obligado por un clan de origen rumano a mendigar durante 18 horas al día en los Jardinets de Gràcia de Barcelona para quitarle luego la recaudación, apenas lo alimentaban, le daban vino para mantenerlo alcoholizado y su salud empeoró debido a una pierna que tenía gangrenada, que acabaron amputándole y fue el motivo por el cual puso la denuncia que derivó en una sentencia pionera por los 16 años de cárcel con los que condenaron a sus captores.
El sargento ha remarcado la importancia de que las víctimas presenten denuncia para que ellos puedan poner en marcha una investigación con el fin de capturar a los explotadores ya que, sin ella, asegura que tienen «las manos atadas. Y al final parece que estemos en una cadena de montaje automovilística» en la que los policías logran ganarse la confianza de la víctima y la liberan, pero el explotador no tiene consecuencias y acaba poniendo a otra víctima en su lugar.
«¿Lo hemos intentado? Sí. Hemos hecho investigaciones sin denuncia de la víctima y con el apoyo de Fiscalía, pero luego llegas y hay 33 juzgados y cada uno de un pensamiento», ha dicho, tras añadir que muchos casos se acaban archivando con el consecuente margen de maniobra reducido de los policías.
Una de las investigaciones abiertas en las que trabaja el GTEP tiene víctimas transexuales, a quienes los explotadores ofrecen pagarles la operación de cambio de sexo y el viaje desde su país de origen como moneda de cambio para luego forzarles a prostituirse para devolverles el dinero.
Policía de proximidad
El GTEP está formado por cinco personas: el sargento Forca, una cabo y dos agentes; se inició en 2006 con dos agentes de paisano --Forca y otro compañero-- que, ante la ordenanza de civismo que aprobó el exalcalde de Barcelona Joan Clos y por la que se multaba a las prostitutas que ofrecieran servicios sexuales en la calle, se encontraron con que algunas chicas les pedían ayuda y les explicaban que estaban en situación de trata, que sus proxenetas les pegaban y les quitaban el dinero.
Fue en 2016 cuando se creó oficialmente el GTEP, que se centra en la investigación de lo que ocurre en la vía pública basándose en la proximidad que define al cuerpo, «uno de los principios de la Guardia Urbana y nosotros lo llevamos a su máximo exponente. Conocemos el territorio y conocemos la vida, casi, de esas personas», y trabaja siempre de la mano del Área de Investigación Criminal (AIC) de los Mossos d'Esquadra; la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional y, puntualmente, con la Guardia Civil.
A fecha de hoy, el GTEP ha realizado 5 investigaciones en operaciones junto con los Mossos d'Esquadra, 3 con la Policía Nacional y una propia; 6 inspecciones administrativas junto con la Policía Nacional y 10 propias; han liberado a 7 víctimas por explotación sexual, 7 víctimas de trata, 1 por explotación laboral y 3 por explotación para la mendicidad, de las cuales 1 era menor de edad.
Además, tienen abiertos seis casos en los que trabajan actualmente: cuatro con los Mossos d'Esquadra y dos con la Policía Nacional.
El covid invisibiliza la prostitución
La explotación sexual ha sido su «caballo de batalla» desde los inicios del grupo, sobre todo en el barrio del Raval de Barcelona, donde las prostitutas ya les conocen, pero la pandemia del Covid-19 ha provocado que la oferta de servicios sexuales se haya trasladado de la calle al interior de pisos y locales, lo que les dificulta el trabajo.
«Volvió a haber un 'boom' de alquiler de locales, de coger peluquerías y transformarlas en el famoso, por desgracia, final feliz, ya sea de masajes, peluquerías o pinta uñas», ha argumentado el sargento, quien ha añadido que llevaron a cabo entradas a unos 100 locales de Barcelona donde explotaban a mujeres asiáticas junto con Mossos d'Esquadra y que, como curiosidad, han observado que la media de edad de estas víctimas ha subido y oscila ahora entre los 47 y los 52 años.
La comunidad china, además, no acude a la policía occidental ante un problema ya que, según ha explicado Forca, «ellos mismos se autogestionan», con lo que se encuentran con una dificultad añadida a la barrera idiomática que presentan, y la ha calificado como una de las culturas a las que todavía les cuesta poder acercarse y que les traten con normalidad institucional.
Doble victimización y matrimonios forzados
El sargento ha desvelado que muchas de las víctimas de trata sufren una doble explotación y que «algunos de los clanes familiares de rumanos criminales tienen a chicas explotadas por la tarde y por la noche, sobre todo en verano, las obligan a hurtar a los turistas que pasan por Ramblas», con el hándicap añadido de que no saben robar, por lo que acababan siendo denunciadas por los policías de uniforme que patrullan la zona.
El GTEP también ha intervenido en cinco casos de matrimonios forzados en Barcelona en 2022 y, según el responsable del grupo policial, en la ciudad hay «una comunidad paquistaní con unos arraigos muy fuertes del patriarcado, entonces el padre o el hermano mayor, mandan», sumado al hecho de que en Paquistán la mayoría de edad es a los 21 y no a los 18 años, y las jóvenes se integran a su nuevo modo de vida con más facilidad que sus familias.
El trabajo de esta unidad de la Guardia Urbana de Barcelona en estos casos es el de policía de proximidad, ya que acompañan a las chicas a hablar con sus padres para intentar hacerles entrar en razón o a los consulados de sus países de origen: «Este delito es tan humano que si tú no pones esa parte humana no tiene razón de ser. No lo puedes trabajar de otra manera, tiene que ser desde la humanidad».
El sargento ha alertado de que «hay un vacío legal» en las prácticas que algunos estudiantes de Erasmus hacen en Barcelona y ha explicado el caso de dos estudiantes --una chica de una universidad de Francia y otro de una universidad de Paquistán-- que trabajaban 16 horas en una empresa de patinetes de alquiler sin cobrar y a quienes amenazaban con suspender las prácticas universitarias si no aceptaban las condiciones, y ha asegurado que los explotadores se dieron cuenta de que los estudiantes que vienen de universidades europeas se acaban yendo, pero que los de universidades de países del Este aceptan y callan.
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