El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este jueves la labor de su gobierno colaborando «intensamente» con la Policía Nacional y la justicia ante el caso Infraestructuras y poniendo «mecanismos de control» en la gestión «caiga quien caiga», todo ello tras la detención y puesta en libertad con cargos del edil no adscrito y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, sobre el que ha dicho que el equipo de gobierno «se ha adelantado un año» a la situación al cesarlo de sus competencias, junto a la coordinadora general del área, investigada judicialmente en el caso.
Y ante las peticiones de parte de los grupos de la oposición para que dimita el regidor, Bellido ha dicho que no merece «lecciones de partidos que pactan cambios de leyes para beneficiar a condenados por sentencia firme» y ha subrayado que seguirá al frente de la Alcaldía, se presentará a la reelección en mayo de 2023, porque mantiene «intactas las mismas fuerzas y ganas» y se siente «reforzado por las actuaciones policiales que amparan» sus decisiones de «hace un año», a la vez que ha tildado de «curioso» que pidan su dimisión y que «no hayan pedido la dimisión de quien ha declarado ante la Policía».
Mientras, el regidor ha calificado la situación con la detención de «lamentable para el Consistorio y la ciudad, porque hay quien ha defraudado la confianza que los ciudadanos depositaron en él y la del propio gobierno», al tiempo que ha aseverado que no tiene «absolutamente nada que ocultar».
Así, ha defendido que «desde el principio» el gobierno local se ha regido «por la transparencia, la honestidad y la integridad más absoluta», siendo «esos principios los que han guiado todas las medidas adoptadas» y «siempre pensando en los ciudadanos», de modo que ha actuado «en consecuencia», ha apostillado, para enfatizar que «nadie va a encontrar ni ha encontrado en este gobierno amparo para tratar de evitar las consecuencias legales que podrían tener sus actuaciones y ahora la ley y los juzgados tendrán que actuar con la independencia que garantiza la Constitución».
En este sentido, Bellido ha señalado que «ante cualquier tipo de duda que ha surgido en la gestión se han puesto todos los mecanismos necesarios al alcance para despejar todas las dudas y se aclarara la situación, caiga quien caiga», algo que ha hecho «desde el primer momento», ha abundado.
Al respecto, ha recordado que ante la primera denuncia de IU desde el equipo de gobierno se investigaron los hechos mediante una información reservada, cuyas «conclusiones son las que sirvieron para ampliar la denuncia a la Fiscalía» y siendo «la base de la futura investigación penal», ha manifestado, avisando que «quedan por hacerse públicas todavía muchas cuestiones de esta situación», como «la investigación interna de la Policía» y «los autos judiciales», de cara a «tener la oportunidad de conocer cosas».
Según ha expuesto, «se saben los cargos, pero no los hechos exactos que hay detrás», de manera que «conocer esos hechos va a ser muy doloroso para todos: para el gobierno local, el Ayuntamiento y la ciudad», pero también ha confesado que está «deseando que esa situación se haga pública para que se ponga de manifiesto la investigación reservada que se envió a la Fiscalía y no se puede hacer pública porque forma parte de un procedimiento judicial».
Además, ha asegurado que «sin la información reservada remitida a la Fiscalía, no se habría llegado a este punto, no se habría podido depurar la responsabilidad política, ni avanzar tanto en la investigación penal, y seguramente se seguiría igual en el área de Infraestructuras», si bien «hoy hay más control, más seguridad y más orden que nunca en dicha área por todas las medidas adoptadas», ha ensalzado el primer edil.
Al hilo, el alcalde ha dicho que «se ha actuado siempre con firmeza y contundencia», afirmando que no le debe «nada a nadie, ni las personas que ahora forman parte del gobierno le deben nada a nadie», a lo que ha agregado que «actuar con esa tranquilidad» le ha permitido que se haya «enfrentado a quien quería tapar su situación extendiendo la mancha con cortinas de humo».
«Yo he sido el que más ha sufrido a largo de estos meses los ataques de esa persona», ha apostillado, declarando que su «único compromiso es con Córdoba y sus vecinos», después de haber tomado medidas que «podían afectar» a «la estabilidad del gobierno», al tiempo que considera que «nadie podría esperar el comportamiento» de Dorado tras su trayectoria municipal.
Por su parte, el actual concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha reiterado la petición a Dorado de que deje el acta de concejal ante «el devenir de las cosas, aún partiendo de la presunción de inocencia, pero con el cariz que ha tomado, con la detención llevada a cabo y los datos conocidos, la cualidad de representante de la ciudadanía se pierde en parte». Y ha puntualizado que «no pertenece al grupo municipal, ni al gobierno».
"la peor situación de la democracia"
Desde la oposición, el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha remarcado que «el alcalde es el responsable político de todo lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento y se le ha avisado continuamente desde la oposición de lo que pasaba».
Si bien, ha mantenido que «no puso ningún remedio al área de Infraestructuras» y «lleva tres días escondido, desde que se detuvo al primer concejal de la democracia, con el gobierno de Bellido». A su juicio, «es la peor situación y el peor alcalde y gobierno de la democracia en la ciudad». Y ha preguntado al alcalde si va a romper el pacto de gobierno con Cs.
El portavoz de IU, Pedro García, ha reprochado «la ausencia que habla por sí sola» del alcalde desde la detención, de modo que «es bastante penosa y lamentable esta actitud, que no es nueva», cuando «la situación es bastante grave como para tener que dar la cara», ha manifestado.
Igualmente, ha lamentado «la cobardía de Bellido al no asumir que es el máximo responsable del gobierno», al tiempo que ha subrayado que «no deja de ser sorprendente» que siga el acuerdo de gobierno entre PP y Cs.
Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha pedido responsabilidades al alcalde dimitiendo ante unos hechos de «extrema gravedad», a la vez que ha advertido de que «no hay datos finales sobre a cuánto asciende, ni las personas implicadas, ni las empresas», entre otros aspectos.
Declaración de bienes
Entretanto, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha presentado un escrito en el Consistorio para solicitar al alcalde que encargue a la asesoría jurídica que «siga investigando contratos menores de otras delegaciones», al tiempo que ha cuestionado que «no haya declaración de bienes e intereses ni de Dorado, ni de la coordinadora general», cuando «la ley obliga» y espera que «haya consecuencias».
Ante ello, el alcalde ha dicho que no le consta que se haya presentado, precisando que es la Secretaría General del Pleno la que tiene «el control» sobre el registro de actividades de concejales. Por alusión, Dorado ha explicado que no tiene la obligación de presentarla, porque sigue siendo concejal.
Así, el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, ha apuntado que «el edil no adscrito lleva toda la razón», mientras que «en el caso de la coordinadora general al ser personal directivo establece la Ley de Bases de Régimen Local que tiene la obligación de presentar la correspondiente declaración de bienes», ha aclarado.
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