La Sindicatura de Comptes cifra en 29.686.829 euros el importe de las indemnizaciones a terceros por expropiaciones de suelo para construir la Ciudad de la Luz, debido a intereses y a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó parcialmente recursos de reposición de antiguos propietarios que elevan en 4.649.998 euros más las cuantías a pagar. Unas resoluciones contra las que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) presentará recurso de casación.
Así figura en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento de la SPTCV publicado este lunes por la Sindicatura de Comptes, que advierte que hay 5.288.746 euros de indemnizaciones por expropiaciones del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras Ciudad de la Luz (PDEUI CDL) que no están contabilizados en la memoria del ejercicio 2021 de la sociedad.
En su auditoría, la Sindicatura recuerda que en septiembre de 2020 el TSJCV condenó a la Generalitat a indemnizar con 19.912.017 euros más los intereses de demora a los propietarios de terrenos expropiados para la construcción de Ciudad de la Luz, al declarar la nulidad de los precios justos expropiatorios del PEDUI CVL. Contra esta decisión, los propietarios presentaron en 2020 recursos de reposición.
Así, de acuerdo al informe de la Sindicatura, el 25 de abril de 2022 el TSJCV estimó parcialmente los recursos de reposición presentados y estableció una mayor indemnización a un propietario de una parcela restituible por 1.366.665 euros, así como mayores indemnizaciones a propietarios de las parcelas no restituibles debido al recálculo de las cargas de urbanización, por 3.283.333 euros. Con lo cual, se sumarían 4.649.998 euros. Esta resolución ha sido objeto de varias solicitudes de aclaración y cumplimiento, y cuando estas se resuelvan, la SPTCV prevé presentar recurso de casación.
Por ello, la Sindicatura considera que se deben ajustar las cuentas anuales de 2021 de la SPTCV e incrementar el valor de coste de las parcelas y la deuda registrada en 'Acreedores diversos' en estos 4.669.998 euros.
Además, la condena de 2020 fijaba que se debían pagar unos intereses de demora que la Sindicatura cifra en 4.485.985 euros, que también se sumarían a los 19.912.097 euros. El informe señala que hay que añadir a la deuda 638,747 euros por los intereses relacionados con las nuevas indemnizaciones. «En consecuencia, la deuda registrada en 'Créditos diversos' por 24.398.083 euros quedaría aumentada hasta llegar a la suma de 29.686.829 euros», señala la Sindicatura.
Asimismo, recuerda que la resolución del TSJCV también reconoce a determinados expropiados el derecho a ser indemnizados por los gastos procesales, «cuantía que también incrementaría la deuda y que SPTCV no ha estimado», añade la auditoría.
En la misma línea, la Sindicatura de Comptes advierte que «no es probable que el litigio se resuelva definitivamente en el ejercicio 2022, ni tampoco que la SPTCV pueda hacer frente en este año al pago de la deuda», algo que requerirá «la financiación específica de su socio único, la Generalitat».
Por ello, avisa que «la deuda continuará generando importantes intereses hasta la fecha del pago final, que actualmente se desconoce». A efectos contables, señala que la presentación de la deuda pasiva a corto plazo de balance no es correcta y se debe reclasificar en la cuenta correspondiente al pasivo de largo plazo.
Por otra parte, señala también que SPTCV debe asumir los gastos de restitución de parcelas «pero no ha dado una provisión para estas ni ha calculado su posible importe».
Otros aspectos de la auditoría
Asimismo, la auditoría de cuentas anuales, que expresa una opinión favorable en la fiscalización de la contratación, señala que la SPTCV ha compatibilizado una regularización del IVA de 2020 que ha cargado en 2021 a los gastos, por un importe de 1,6 millones de euros y una provisión de impuestos de 8.543 euros.
Además, respecto al Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el TSJCV ha resuelto anular ciertas liquidaciones impugnadas por la sociedad, liquidadas y pagadas en ejercicios anteriores, que ascienden a 742.047 euros más los intereses de demora. «Este hecho posterior requeriría haber ajustado las cuentas anuales de 2021 e incluir la información pertinente en la memoria», apunta la Sindicatura.
Por otro lado, la auditoría detecta «información insuficiente en la memoria» respecto al contrato de la regata transoceánica The Ocean Race de las ediciones 14a y 15a, y de inversiones inmobiliarias del complejo cinematográfico.
Entre las recomendaciones de a Sindicatura está la modificación de la norma interna de contratación para establecer que el órgano de asistencia tenga un número mínimo de tres miembros, entre las que se incluyan personas de la misma entidad con competencias en materia de asesoramiento jurídico y control económico financiero y que el órgano de contratación solicite en los contratos menos al menos tres presupuestos, y que esto quede acreditado e el expediente.
También recomienda, en el marco de la subrogación como agente urbanizar de los terrenos de IFA, negociar con el Ayuntamiento de Elche unos términos de urbanización y otras condiciones que resulten «tan concordes como sea posible» a las disponibilidades económicas de la SPTCV.
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