La mayoría de los 14 acusados en el caso Alquería --relativo a contratos presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra para favorecer al PSPV y a Compromís-- han querido hacer uso de la última palabra en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia de Valencia y han aprovechado para insistir en su inocencia, al tiempo que han lamentado el daño que les ha causado este procedimiento a nivel personal, familiar, laboral y económico.
El primer acusado en referirse al tribunal ha sido el expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que únicamente ha querido adherirse a lo manifestado por su defensa a lo largo de las sesiones de la vista y ha agradecido su labor.
Por su parte, el que fuera el jefe de gabinete de Rodríguez en la corporación provincial, Ricard Gallego, también ha agradecido la labor de su letrado y ha mostrado su esperanza en que el juicio sirva para avalar su inocencia.
El que fuera letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, ha aludido a todo el daño personal y profesional que le ha causado este procedimiento. «Nunca me había pasado nada parecido», ha aseverado. «A nivel personal cada uno lo lleva de una forma pero hay una onda expansiva que llega a familiares. En lo profesional, el caso se ha cargado todo mi prestigio profesional previo, si es que lo tenía», ha subrayado.
«El procedimiento --ha añadido-- me ha supuesto muchísimo daño en cuanto al secreto decretado. Había una constante expresión de que 'algo habrá'. Soy funcionario de carrera y todo se lo han cargado. ¿Por qué? Por una denuncia, una instrucción que no se llevó como debía llevarse. Soy inocente y lo que hice no es delictivo. Me gustaría una sentencia absolutoria y que se terminara esto ya».
Por su parte, la exgerente Agustina Brines, visiblemente emocionada, ha puesto de manifiesto el «mal» que se le ha causado con esta causa, tanto a nivel personal como familiar o profesional: «Esto no lo curará nadie ya». «Espero que de una vez por todas se acabe este mal sueño que hemos tenido que vivir de forma desproporcionada y sin ningún motivo», ha resaltado.
Otro exgerente, José Ramón Tíller, ha destacado: «En mi época como cogerente en Imelsa actué siempre respetando la legalidad y me siento orgulloso por la labor que realicé».
Por su parte, una de las exdirectivas contratadas como alto cargo se ha dirigido al tribunal para decirle: «Me fío de ustedes», y otro exresponsable ha señalado: «Creo en la justicia y por eso declaré al juez y al fiscal. Entré creyendo que no soy un delincuente y salgo creyendo que no soy un delincuente. Entré creyendo en la justicia», ha destacado.
Otro exalto cargo directivo en Divalterra ha aseverado que los acusados se están «jugando mucho» y ha añadido: «No alcanzo a entender como una persona contratada como yo, que ha cumplido las funciones y obligaciones contractuales, acaba imputada en un caso así con todas las consecuencias personales, familiares, laborales y económicas. La única explicación es la de ser un efecto colateral necesario para magnificar un caso mediatizado por la presencia de políticos», ha criticado.
El último de los acusados en utilizar su última palabra en el juicio, exalto cargo también, ha lamentado que se enteró de su imputación en el procedimiento por la prensa y ha destacado la «conmoción» que le supuso a nivel laboral y personal: «Tengo dos hijas y a ellas le preguntan qué ha hecho su padre. Estas cosas tienen una incidencia enorme», ha dicho, para agregar: «No sé muy bien que hago yo aquí. Me nombró el Consejo y desempeñé con lealtad las labores encomendadas».
Penas requeridas
Rodríguez se enfrenta a la pena de ocho años de prisión, tal y como le reclaman las acusaciones --Fiscalía, Acción Cívica y PP--, mientras que su defensa pide la absolución al no ver delito alguno.
Las acusaciones también solicitan ocho años de cárcel para el que fuera el jefe de gabinete de Rodríguez en la corporación provincial, Ricard Gallego, para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV) por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.