En la carta, enviada este pasado miércoles por vía electrónica y consultada por Europa Press, la consejera «propone firmar ese día el convenio sobre el que hemos venido trabajando para la financiación de la construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro, proyecto de enorme importancia para favorecer la movilidad de Sevilla y su área metropolitana». La ministra Raquel Sánchez está este jueves por la tarde en Dos Hermanas (Sevilla), donde realizará una visita institucional al Ayuntamiento y se reunirá con el alcalde, Francisco Rodríguez.
Este escrito se produce después del último cruce de declaraciones entre las administraciones estatal y autonómica en torno al citado convenio, que ha tenido en la financiación de los trenes del tramo norte su último episodio. La Junta ha anunciado que «asume» íntegramente el coste de estos vagones (66 millones de euros) para «por fin» poder firmar el convenio; el Gobierno asegura, por su parte, que este equipamiento «en ningún momento, estaba previsto» en el convenio.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado a la Junta de «mentir cuando alude a que el Gobierno no está siendo leal en este asunto», al tiempo que ha afeado al Gobierno andaluz «pretender en el último momento introducir el material rodante, que en ningún momento estaba previsto». Por contra, la consejera andaluza ha lamentado que el Gobierno central sea «cicatero» con esta infraestructura y ha sostenido que «en las negociaciones y en los borradores del convenio, siempre se ha incluido el coste de los trenes».
Desde la actualización de precios por la subida de los costes (el pasado mes de septiembre), el presupuesto del tramo norte era de 1.366 millones. «Ahora es el Ministerio el que lo rebaja a 1.300 millones. Hemos aceptado la rebaja y exigimos la firma del convenio cuanto antes», ha concluido Carazo. Fuentes del Gobierno han explicado que el pasado 25 de octubre «se mandó desde el Ministerio un borrador con un añadido que sugería la Abogacía del Estado, simplemente para garantizar que la financiación siempre estuviera garantizada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)».
Este borrador fue «devuelto por la Junta el pasado 11 de noviembre obviando lo de la Abogacía del Estado y añadiendo el material móvil u otros que fueran necesarios, circunstancias que no habían sido puestas de manifiesto con anterioridad. El 17 de noviembre se volvió a enviar a la Junta de Andalucía un nuevo texto aceptando los cambios formales, pero suprimiendo las menciones a los equipamientos y material móvil que no constaban en el acuerdo origina», apuntan las citadas fuentes.
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