Archivo - Imagen de archivo de una caravana de camiones en una carretera de Málaga en el paro organizado por una plataforma de transportistas a nivel nacional. | Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

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Más del 60% de los transportistas andaluces, unos 24.000, son autónomos y pymes, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y están llamados a secundar el paro nacional indefinido convocado a partir de la medianoche de este domingo por la Plataforma en Defensa del Transporte.

La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, anunció un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo.

Esta convocatoria llega después de que la Plataforma, tras analizar la situación actual del sector y las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Entre estas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.

Sin embargo, la Plataforma ha seguido denunciando el «incumplimiento» por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.

Por ello, los delegados decidieron reanudar los paros, una decisión que se votó y que fue refrendada por los miembros de la Plataforma. «La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir», señaló Hernández en rueda de prensa, quien puso el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores.

«Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen», ha denunciado.

Para Hernández, los «pequeños desajustes» en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno «son muertes laborales», y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.

«No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque está llegando a haber casos de suicidios», ha advertido.

Reunión entre gobierno y la plataforma

En la ultima regunión entre las dos partes, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recordado a los representantes de la Plataforma en Defensa del Transporte que en las próximas semanas se aprobará un plan de inspección para controlar que se cumplen las nuevas leyes en el sector respecto a precios, morosidad y carga y descarga.

Y, en este contexto, desde el Ministerio han pedido de nuevo a la Plataforma a recapacitar y desconvocar un paro que creen que «no beneficia a nadie», ni dentro ni fuera del sector, y que ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

Por su parte, Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, ha señalado al término de la reunión que «de momento, el paro convocado a partir del próximo lunes »continúa".

La Plataforma ha pedido un aumento del número de inspectores, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, así como un plan de inspección nuevo, que en los contratos de carga se elimine la imposibilidad de denunciar al cargador en determinadas situaciones, y que el importe de las sanciones sea «ejemplar», entre otras medidas, y todo bajo un acuerdo firmado y por escrito.