El Parlament ha avalado seguir con la tramitación de una reforma de la ley de orientación agraria para penalizar la entrada sin autorización de grupos animalistas en granjas y mataderos y actualizar el régimen de sanciones sobre deyecciones ganaderas y fertilizantes.
La Cámara catalana ha rechazado la única enmienda a la totalidad contra el proyecto, presentada por Vox, con el 'no' de PSC-Units, ERC, Junts, Vox, CUP y comuns, y la abstención de Cs y el PP, con lo que el proyecto de ley pasará ahora a ser examinado por los grupos en el Parlament.
La consellera de Acción Climática, Agricultura y Agenda Rural, Teresa Jordà, ha sostenido que las entradas no autorizadas en estas instalaciones «suponen un riesgo extremadamente elevado de difusión de enfermedades y un impacto grave en el bienestar de los animales».
Además, ha defendido la necesidad de actualizar el régimen de sanciones por las deyecciones ganaderas y el uso de fertilizantes, y ha destacado el compromiso del Govern de apoyar y acompañar al sector «en el camino hacia la sostenibilidad».
En el turno de defensa de la enmienda a la totalidad, Antonio Ramón López (Vox) ha asegurado que existe un exceso de normativa en el sector agrario y que las nuevas sanciones crean desigualdades con otros lugares de España: «Los campesinos quieren unos gobernantes que les simplifiquen la vida y les protejan frente a la entrada de productos ilegales y el incremento de lo precios de las materias primeras y la energía».
Desde el PSC, Rosa Maria Ibarra ha criticado la «ineficacia del Govern de la Generalitat» en el despliegue de la ley de orientación agraria, pero ha subrayado la necesidad de actualizar su régimen sancionador para que sea coherente con la normativa sectorial y penalice la entrada sin autorización en las explotaciones ganaderas.
El 'cupaire' Dani Cornellà ha pedido ir más allá de las sanciones, con medidas que apoyen al sector, y ha cuestionado que deban penalizarse las acciones de activistas en las macrogranjas: «No podemos permitir que se asalten y liberen animales, pero sí debemos permitir que la sociedad denuncie estas macrogranjas».
El diputado de los comuns Jordi Jordan también ha alertado de las consecuencias de las macrogranjas sobre el medioambiente y el bienestar animal: «No solo es necesario un régimen sancionador para defender las condiciones de vida de los animales, sino que necesitamos unas administraciones que caminen hacia un nuevo modelo, con producciones pequeñas y familiares».
«No colaboraremos en la tarea de demonización de la ganadería intensiva», ha advertido Marina Bravo (Cs), que ha mantenido que este tipo de instalaciones no son perjudiciales en sí mismas si cumplen los requisitos de una normativa que sitúa los estándares de calidad en niveles máximos, ha apuntado.
Por parte de Junts, Salvador Aragonès ha afirmado que les hubiera gustado que el proyecto de ley apostara por una política de acompañamiento más que «de policía», y ha pedido reconsiderar la regulación de las deyecciones ganaderas como abono ante la escasez de fertilizantes minerales por la guerra en Ucrania.
El republicano Antoni Flores ha sostenido que las malas prácticas en el sector ganadero son minoritarias y ha reivindicado la apuesta del Govern por actualizar el régimen sancionador en este ámbito: «Catalunya cumple y lo hace con un sector crucial, pero demasiadas veces olvidado por el Estado».
Desde el PP, Alejandro Fernández ha asegurado que no han detectado una «una oposición frontal del sector al proyecto» pero sí discrepancias, como algunas sanciones a su juicio desproporcionadas que, sin embargo, cree que no justifican apoyar la enmienda a la totalidad de Vox.
Rifirrafe por el voto delegado
Antes de la votación, el diputado de Cs Joan García y la vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, han protagonizado un rifirrafe a cuenta de las cinco delegaciones de voto admitidas para esta sesión, después de que la Cámara catalana haya aceptado la de Lluís Puig (Junts) pero no la de Nacho Martín Blanco (Cs).
García le ha reprochado no admitir la delegación de voto de Martín Blanco, que está enfermo en casa y «con fiebre», y sí la de Puig, que está en Bélgica; Vergés ha replicado que la petición de Martín Blanco no cumplía con los requisitos de la delegación que prevé el Reglamento, y el diputado de Cs le ha dicho que la de Puig tampoco.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.