El presidente de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, y los autores de la agenda de medidas contra el abandono escolar, en rueda de prensa a 9 de noviembre de 2022 | Europa Press - EUROPA PRESS

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La Fundació Bofill ha reclamado a la Conselleria de Educación de la Generalitat que despliegue en el plazo de cuatro años un plan de choque para reducir el abandono escolar prematuro en Catalunya, ya que en 2021 el 14,8% de jóvenes catalanes de entre 18 y 24 años no tenían ninguna titulación más allá de la ESO ni estaban estudiando.

En rueda de prensa este miércoles, el presidente de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, ha señalado que es necesario un pacto o plan para reducir el abandono escolar en cuatro años, ya que hay «grandes agujeros en el sistema que se pueden tapar con medidas, y pequeños agujeros que necesitan una intervención más fina».

Para él, Catalunya «necesita ser un lugar donde todos sientan que tienen oportunidades, con una educación postobligatoria finalizada», y pide al Govern que ponga los recursos necesarios para reducir los 74.000 jóvenes que en 2021 abandonaron los estudios prematuramente sin graduarse.

Expertos de la Fundació aseguran que el problema es «especialmente grave» entre jóvenes de origen migrante y de familias con bajo nivel de estudios o de renta, donde las tasas de abandono superan el 20% y en algunos grupos llegan incluso al 40%.

Por otro lado, indican que el abandono escolar prematuro produce «el doble de paro, más dificultad para pagar la vivienda y peor salud» y que este coste social puede llegar a sumar el 1% del PIB debido al menor desarrollo económico y al aumento de la pobreza y la exclusión social.

En conjunto, alertan de que en el sistema educativo catalán hay «déficits que expulsan a algunos alumnos que no deberían estar fuera del sistema educativo», y aunque afirman que la cifra de abandono se ha reducido en los últimos años --del 32,9% en 2008 al 14,8 en 2021--, instan a la administración educativa, en colaboración con los municipios y los centros educativos, a desplegar este plan de choque.

Agenda de medidas

Para conseguirlo, la Fundació Bofill ha presentado una agenda de medidas dirigida a la Conselleria, bajo el nombre de 'Zero Abandonament: Una agenda de xoc contra l'abandonament escolar prematur a Catalunya', con la que quieren definir las líneas generales de actuación para revertir estas cifras de abandono escolar prematuro.

La fundación ha identificado cuatro ámbitos en los que, a su juicio, hay carencias y donde se debe actuar: detectar al alumnado que está en riesgo de abandonar los estudios; ayudas económicas para los estudios; desplegar un sistema de orientación y apoyo educativo; y dar una oferta educativa amplia y planificada.

Para lograrlo, han propuesto una serie de actuaciones, que pasan por usar el RALC (Registre d'Alumnes) para identificar y hacer seguimiento contra el abandono; y desplegar una herramienta de recogida de datos y de identificación de alumnado en riesgo de abandono para todos los centros.

También prevén que se den 11.000 becas salario anuales para jóvenes de entre 16 y 18 años de hogares desfavorecidos para que se mantengan en el sistema educativo, y esta medida tendría un coste anual aproximado de unos 62,6 millones de euros para la Conselleria de Educación.

Solicitan planes individualizados de orientación educativa, apoyo socioemocional y acompañamiento en la transición educativa de ESO hasta finalizar los estudios postobligatorios; y programas locales de mentoría en todos los municipios de más de 10.000 habitantes para niños y jóvenes de entre 10 y 18 años identificados como absentistas o en riesgo de serlo.

Más oferta educativa

Además, piden la creación de 15.000 nuevas plazas públicas de formación Formación Profesional de grado medio en toda Catalunya --supondría un coste anual de 81,5 millones para la Conselleria--; 5.000 plazas nuevas en los programas de formación e inserción --coste anual de 18 millones de euros--; y otras 5.000 en centros, escuelas y programas de nueva oportunidad --coste anual de 35 millones--.

En total, los autores del documento cifran entre unos 300 y 350 millones de euros el coste de las medidas cuantificadas en esta agenda, aunque detallan que no son todas.

Por último, complementariamente a las medidas propuestas, consideran que también hay que avanzar en reformas de carácter estructural para reducir la segregación escolar; ampliar la escolarización 0-3; hacer transformaciones de la estructura de la educación postobligatoria para garantizar el acceso y continuidad; y mejorar la formación inicial y permanente del profesorado en orientación y atención a la diversidad.