Así lo ha avanzado durante su visita a Ordes, en Santiago, pueblo natal de la enfermera gallega Isabel Zendal, que inspiró el nombre del hospital público madrileño construido durante la pandemia para hacer frente al Covid-19.
«El Canal de Isabel II se hará cargo de esas facturas del agua porque estas personas, siendo víctimas de una ocupación, ya tienen muchos gastos extraordinarios y tenemos que ser sensibles a esta necesidad», ha indicado la presidenta, que ya ha mostrado en diferentes ocasiones su rechazo a este delito contra la propiedad (se estima que hay 4.300 viviendas ocupadas en la región).
La nueva bonificación, que entra en vigor coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se aplicará desde la fecha de presentación de la solicitud y durante el tiempo que dure la situación de okupación.
Inicialmente tendrá una vigencia de seis meses que, en todo caso, podrá prorrogarse en periodos de idéntica duración mientras las viviendas permanezcan ocupadas ilegalmente y así se justifique, han apuntado posteriormente desde el Gobierno regional en un comunicado.
Esta ayuda se contempla tanto para los casos en que la ocupación ilegal se produce en perjuicio de los titulares del contrato de suministro cuando existe contador individual, como para aquellos que no son titulares y el contrato está a nombre de la comunidad de propietarios porque hay un único contador en toda la finca. En ambos casos se bonificará el 100% de la parte fija y variable de la factura del agua.
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