El Seprona interviene en un restaurante zaragozano 11 patos para consumo humano sin documento de trazabilidad

El pasado 5 de octubre, el Seprona recibió una alerta de los Servicios Veterinarios Oficiales del Servicio Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, en la que les informaban de que en
un establecimiento de restauración zaragozano se había observado a personas que introducían en el local patos vivos.

Ante estos hechos, esa misma mañana un especialista del Seprona,
junto a inspectores del Servicio Provincial del Departamento de Sanidad del Ejecutivo aragonés, se personaron en este establecimiento con el propósito de realizar una inspección y comprobar la veracidad de los hechos, ha informado en una nota de prensa la Benemérita.

En un primer momento se entrevistaron con el encargado del
mismo preguntándole si tenía almacenados productos o subproductos de pato, mostrándoles este un congelador situado en el comedor del restaurante. Mientras los inspectores comprobaban los
productos que se encontraban en la cámara, el encargado se retiró a un almacén.

Ante la sospecha de que la ausencia pudiera ser usada para la ocultación de alguno de los productos, el especialista del Seprona acudió al almacén, comprobando que «esta persona estaba sacando patos congelados del interior de una cámara frigorífica y ocultándolos bajo una estantería», han indicado desde el Instituto Armado.

Once patos

Tras comprobar la parte baja del armario, se lograron intervenir un total de nueve patos, además de otros dos en el interior de la cámara frigorífica, todos ellos congelados, sin plumaje, metidos en bolsas de plástico sin etiquetado alguno, documento de trazabilidad o factura que amparase su legal procedencia.

En el transcurso de la inspección se personó en el establecimiento la propietaria del mismo, quien manifestó no poseer documento de compra por habérselos comprado a un tercero del que desconocía su identidad.

Los patos intervenidos fueron declarados no aptos para el consumo
humano por los Servicios de Sanidad, existiendo un riesgo para la salud pública, siendo retirados por una empresa de gestión de residuos para su destrucción.

Por estos hechos, el día 10 de octubre se procedió a la investigación de estas dos personas, un hombre y una mujer, de 49 y 52 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito leve contra la salud pública por productos alimentarios no aptos para el consumo.