Archivo - El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban | Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TW
0

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha calificado de «lamentable, inaceptable e impresentable» el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y ha denunciado «el choque de intereses» de políticos y jueces. Por ello, ha asegurado que los jeltzales «no quieren saber nada esto». «No es este el concepto de justicia en el que nos movemos»", ha afirmado.

En declaraciones a Europa Press, Esteban ha afirmado que la renuncia de Lesmes y la de todos los actuales vocales del CGPJ se tenía que haber producido «hace mucho tiempo». «No tiene sentido que, una vez acabado el tiempo de su mandato, prolongaran su estancia en el órgano», ha apuntado.

De hecho, considera que la dimisión del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, «en la práctica, no supone que empeore la situación», sino que sigue «tal como estaba, hecha un desastre, no solo porque políticamente se intenta intervenir por parte de los dos grandes partidos políticos españoles (PP y PSOE), sino porque, en estos momentos, se ve que los jueces también intentan, por sus intereses, intervenir en su nombramiento».

Además, ha dicho que ahora el CGPJ debería nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional, pero «no lo está haciendo y está incumpliendo claramente el mandato legislativo». «Por lo tanto, no es que lo incumplan solo ya los partidos políticos, sino que lo incumplen también los miembros del Consejo General del Poder Judicial», ha precisado.

El concepto de justicia

Por ello, cree que se ha generado una situación «lamentable, inaceptable e impresentable», que ya se prolonga durante cinco años. «Desde luego, el PNV no quiere saber nada esto. No es este el concepto de justicia en el que nos movemos», ha añadido.

Aitor Esteban ha insistido en que «hay que renovar el CGPJ entero y también los cuatro miembros del TC». «Es el mandato legislativo y es el mandato al que estarían obligados todos. Pero aquí lo que se ve es un choque de intereses, y no solo por los actores políticos, sino también por los actores judiciales en muchos casos», ha remarcado.