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Las demandas de disolución matrimonial presentadas en los juzgados
aragoneses durante el segundo trimestre del año se han incrementado en
un 8,2 % frente a las registradas en el mismo periodo del año anterior, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota de prensa.

Los aragoneses han presentado un total de 650 demandas de divorcio, de las cuales la cifra más alta, 414, corresponden a los divorcios consensuados. Le siguen en número los divorcios no consensuados, con 213 demandas y las 18 correspondientes a separaciones no consensuadas.

Por provincias, en Zaragoza se han presentado 474 demandas de
separación o divorcio frente a las 369 registradas el año anterior. En Huesca el número de separaciones y divorcios es de 111 y en Teruel 65.

El mayor incremento intertrimestral se produce en la provincia de Zaragoza con un aumento en las disoluciones matrimoniales del 28,4%. Le sigue Teruel con un incremento del 10;2% y Huesca, también con un incremento del 0,9%.

Analizando por el tipo de disolución matrimonial, y según datos facilitados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre los meses de abril y junio de 2022 fueron las separaciones consensuadas las que experimentaron el mayor incremento, un 66,7 %, seguidas de los divorcios no consensuados con un 35,7%. Es en los divorcios consensuados donde se advierte un descenso del 2,4%.

En cuanto a demandas de modificación de medidas se refiere, los datos
ponen de manifiesto que se ha producido un descenso en las consensuadas,
respecto de las cifras alcanzadas entre abril y junio de 2021. Así frente al incremento del 76,5% registrado en 2021, en 2022 se muestra un descenso del 11,1% en este tipo de demandas.

Lo contrario ocurre en las demandas de modificación de medidas no consensuadas donde el incremento producido es del 1,9%. Algo similar ocurre con las demandas de guarda y custodia en uniones no matrimoniales siendo las consensuadas las que experimentan un descenso del 6,4% frente al incremento del 9,2% en las de guarda y custodia no consensuadas en uniones no matrimoniales.