Según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso, reabierto tras haber sido archivado, Filgueras compareció como testigo el pasado día 19 de septiembre, cuando se habría desdicho de los mensajes vía WhatsApp en los que habría relacionado supuestamente a Velarde con los hechos investigados; atribuyendo sus declaraciones incluidas en esta causa a una situación momentánea de enfado, fruto de desavenencias. Al día siguiente habría comparecido el propio Antonio Velarde, en calidad de investigado, si bien se habría acogido a su derecho constitucional a no declarar.
La investigación judicial se basa en las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que llegó a sumar un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto hispalense.
La situación, recordémoslo, tocó techo la madrugada del martes de la edición 2017 de la Feria de Abril. Aquella noche resultaron incendiados nueve turismos VTC desplazados de Madrid a Sevilla para reforzar los servicios de la empresa de alquiler de coches con chófer Cabify con motivo de la Feria, en un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos donde descansaban sus conductores.
A cuenta de tales hechos, la Guardia Civil detuvo a finales de mayo de 2018 en Castilblanco de los Arroyos a un taxista natural de dicho municipio, por su presunta relación con el mencionado incendio.
Detención a manos de la guardia civil
Tras ser detenido por agentes de la Guardia Civil y prestar declaración, este taxista quedó en libertad con cargos, toda vez que esta persona pertenecería tanto a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi como a la Unión Sevillana del Taxi, las dos principales asociaciones gremiales del sector sevillano del taxi, según las fuentes consultadas por Europa Press.
En marzo de este año, no obstante, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla declaraba «la inutilizabilidad de las diligencias» promovidas por el Juzgado de Instrucción número ocho tras el 9 de enero de 2018, en la causa troncal de la investigación judicial que afecta a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, de la que emana esta pieza separada relativa a la quema de los citados VTC en Castilblanco de los Arroyos.
No cabe prórroga
La Sección Cuarta de la Audiencia estimaba así parcialmente un recurso de Solidaridad Hispalense del Taxi, revocando los autos de fecha 23 de julio y 12 de noviembre de 2021 dictados por el Juzgado de Instrucción Número ocho, declarando «no haber lugar a prórroga del plazo de instrucción» y acordando «la inutilizabilidad de las diligencias acordadas en las presentes diligencias previas tras el 9 de enero de 2018, en los términos expresados».
Y es que «las diligencias de instrucción acordadas tras la expiración del plazo máximo de instrucción, en este caso, tras el transcurso del plazo de seis meses si bien no adolecen de nulidad radical, el efecto desde luego será en todo caso la de inutilizabilidad de las mismas en la toma de alguna de las decisiones de clausura de la fase previa».
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