Concentración del sector del taxi en la parada del Estadio de la Cartuja, punto de inicio de una marcha a pie hasta las puertas del Parlamento andaluz en protesta por la regulación que prepara la Junta para los VTC. | Eduardo Briones - Europa Press

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El sector del taxi andaluz ha anunciado un parón de su actividad durante este fin de semana, en concreto, desde las 19,00 horas del viernes hasta las 7,00 horas del lunes, como medida de protesta en contra de la regulación que prepara el Gobierno andaluz para regular la actividad de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre.

Así lo han señalado a los periodistas durante la manifestación que han convocado este jueves en Sevilla, la tercera de este mes. Partía a las 10,30 horas del Estadio Olímpico y ha finalizado en las puertas del Parlamento andaluz, donde, con una importante presencia policial, se han concentrado con pitos, tambores y petardos, además de lanzar huevos en dirección a la fachada de la Cámara andaluza.

El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) --organización mayoritaria del sector y convocante de esta protesta por tercer jueves consecutivo--, Miguel Ruano, ha advertido de que «la Junta no está negociando sobre este asunto con nadie: ni con los taxistas, ni con el resto de grupos parlamentarios ni con los ayuntamientos» e incluso ha señalado que «se está basando en mentiras».

Frente a esto, ha señalado que el sector del taxi está defendiendo su futuro y «a los usuarios» para que cuenten con «un servicio público digno», basado en una tarifa fija controlada por los ayuntamientos y supervisada por la Junta, y para que esta actividad económica «no pase a manos de multinacionales».

De esta manera, ha reclamado «armonía» y «proporcionalidad» para la convivencia del taxi y los VTC. «No queremos que desaparezcan los VTC, queremos que los usuarios lo sigan usando si quieren, pero en una proporcionalidad», ha asegurado, para pedir que «no se carguen el sector del taxi de una ciudad con una proporción desajustada».

En la misma línea se ha manifestado el presidente de Élite Taxi en Andalucía, Rafael Baena, que directamente ha tachado de «traición» lo que «pretende hacer la Junta de Andalucía» con el taxi y ha reprochado «la puesta en escena» de la Consejería de Fomento de cara a la opinión pública cuando, según cuenta, «no hay negociaciones».

«Nos sientan pero no nos dicen absolutamente nada. La última reunión fue el martes, cinco horas para no decir nada ni darnos un borrador», ha alertado Baena, quien, además, ha afeado que tendrán que «esperar a que esté aprobado el decreto para poder impugnarlo». De esta manera, Baena llama a que llegue el 1 de octubre y los VTC se enmarquen en el ámbito interurbano y «no se invadan las competencias municipales».

Además, el taxi pide un tiempo mínimo de precontratación de al menos 15 minutos; el cumplimiento o aproximación a la ratio legal establecida (1/30) o eliminación de la geolocalización, entre otros aspectos.

Garantizar la convivencia

La norma que prepara la Junta, anunciada a principios de este mes, plantea que los VTC sigan trabajando en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen «la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano». En un comunicado, la Consejería explicó entonces que en virtud de ese decreto se reforzaría la inspección, «duplicando las actuaciones».

Un argumento que los taxistas no consideran que se pueda llevar a la práctica, según han expuesto esta semana en declaraciones a Europa Press. «Ni hay efectivos de inspectores, ni a las policías locales le interesa el asunto, ni los ayuntamientos ponen medios», ha dicho el presidente de FAAT, Miguel Ruano, para vigilar lo que tacha de «ilegalidades diarias» por parte de los VTC.

Conforme se acerca el 1 octubre la tensión entre las partes va en aumento y esta semana la Asociación Andaluza de Alquiler de Vehículos VTC, Andeval, acusaba al taxi de estar «presionando a la Junta» con un «argumentario engañoso» para que se incluyan en la futura regulación «restricciones» que acaben por hacer su actividad imposible.