El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, este viernes en Córdoba en la reunión con la dirección provincial de su partido. | PSOE-A

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado este viernes «despolitizar» el debate sobre la concesión del indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para eludir su ingreso en prisión tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia de Sevilla en el caso ERE sobre la comisión de los delitos de prevaricación y malversación.

En una atención a medios en Córdoba, donde se ha reunido con la dirección provincial de su partido, Espadas ha apelado a «que se habla mucho» para remarcar que «es una potestad del Gobierno» y en consecuencia apuntar que «será el Gobierno el que se pronuncie cuando toque y de la manera que considere».

El secretario general del PSOE-A ha sostenido que el debate permanente acerca de esta medida de gracia del Gobierno hacia los condenados por la pieza política del caso ERE repercute «en la credibilidad del Estado de Derecho» tanto desde la perspectiva del «ejercicio de los derechos» de los procesados como sobre «la potestad de decidir» del Gobierno.

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Espadas ha blandido que la solicitud del indulto y su concesión obedece a «una tramitación que cumple todo los requisitos que marca el ordenamiento jurídico, es un procedimiento reglado», para apelar a que «no tenemos nada que decir nadie».

Este jueves, en los pasillos del Parlamento de Andalucía, en su primer pronunciamiento tras publicar el Supremo el miércoles la sentencia, Espadas indicó que el fallo es «más que discutible» y «carne de recurso» ante el Tribunal Constitucional (TC), una instancia que espera que se pronuncie para dirimir si el fallo del Supremo, acordado tras una «mayoría ajustada» de tres votos a favor por dos en contra, aclare si se han «vulnerado» derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia de algunos condenados.

Sobre los argumentos expresados por dos magistradas en su voto particular, Espadas apuntó que tiene «muchas más dudas que certezas en algo tan importante como significa la condena a unas personas por delitos que, a juicio de lo que leo, dejan más que dudas sobre si se está produciendo o no la vulneración de derechos fundamentales en personas que se están sometiendo a ese proceso».