Sede de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Provincial de Granada | Álex Cámara - Europa Press

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La Sociedad Gitana Española ha retirado la denuncia que interpuso en Fiscalía contra el alcalde de Íllora (Granada), Antonio Salazar (PSOE), por una supuesta incitación al odio tras la muerte violenta de un joven de 19 años en las fiestas de este municipio del Poniente granadino el 15 de agosto, hechos por los que está en prisión provisional otro varón de 23 años, y después de los cuales se produjeron daños en viviendas del entorno familiar de este último, que salió entonces de este municipio.

Con la vuelta de estas familias a finales de agosto, la Sociedad Gitana Española ha explicado en un comunicado que ha tomado esta decisión tras comprobar que están «llevando una vida normal y sin ningún tipo de convivencia, con total seguridad, paz y armonía», y mantener conversaciones tanto con asociaciones gitanas y la Plataforma por los Derechos Humanos, que las han «estado en todo momento atendiendo».

El pasado 25 de agosto, fuentes consultadas en el Ministerio Público señalaron que la Fiscalía Provincial de Granada iba a analizar el caso, conforme a lo planteado en la denuncia, que iba también contra otro edil de Íllora, y los jefes de Guardia Civil y Policía Local en el municipio, para decidir si continuaba con la investigación o archivaba, después de que, el día 17 del mismo mes, la Superior de Andalucía decretara apertura de diligencias y le remitiera el asunto.

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«Nos consta que tanto el propio Ayuntamiento, su alcalde, toda la corporación municipal, la Guardia Civil, la Policía local y todas las instituciones que tienen responsabilidad para con las familias afectadas están cumpliendo con creces con sus obligaciones», han indicado desde la Sociedad Gitana Española.

Están además «colaborando estrechamente para con el bienestar de todos los componentes de las familias gitanas que resultaron damnificadas en su día», en tanto también «está comprobado que los hechos sucedidos no se esperaban, ni por parte de la Policía Local» ni la Guardia Civil, o el Ayuntamiento.

«Aunque en su día se actuó de forma precipitada y errónea, efectuando ciertas personas declaraciones inapropiadas y acciones que no correspondían en ese momento, lo cierto es que, en este mes y medio que ha pasado desde entonces, todos los denunciados en su día han puesto y están poniendo todo lo que está en su mano», han proseguido.

Trabajan, según esta asociación, «para el bienestar y seguridad de todos los miembros de las familias afectadas, incluso para con sus hijos, estando en todo momento atendidos y asesorados por todos los estamentos municipales e instituciones».