AVAF detecta en 2022 más de 5 millones de euros en responsabilidades económicas por mal funcionamiento de administraciones

Así lo ha indicado durante su intervención en la Comisión de Investigación sobre la Deuda Pública en la Comunitat Valenciana, que se celebra en Les Corts, y en la que ha destacado que este es un instrumento «necesario» e «inseparable» para el desarrollo de las administraciones públicas y la sociedad, pero la pregunta es si está equilibrada con la capacidad financiera que tiene cada una para hacerle frente.

Llinares ha hecho alusión al informe de la Sindicatura de Comptes que apunta a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, ha recalcado que no es necesario ser un «experto» para llegar a la conclusión de que el sistema de financiación está «obsoleto» desde «hace muchos años», y ha subrayado que hoy en día la Comunitat Valenciana sigue transfiriendo recursos a autonomías que están mejor, cuando las variables han cambiado. En esta línea, ha abogado por implantar sistemas como los de la UE para establecer qué región debe ser aportadora neta y cuál receptora, fijando las cuotas correspondientes.

Llinares se ha preguntado si alguien ha hecho desde las instituciones de gobierno una evaluación de grandes proyectos fallidos y que generan nuevos gastos a cubrir con deuda y ha señalado que sin buenos controles, esta se dispara. «A más eficiencia y mejor control, menos deuda pública», ha dicho como «regla de oro», y ha defendido también que está vinculado a la gestión eficiente de los recursos públicos. «A gobiernos ineficientes y corruptos, mayor desconfianza, coste reputacional y mayor coste de la deuda», ha resumido.

Inhablitaciones

El responsable de la AVAF ha considerado que en casos de malas prácticas --como el de la multa de la CNMV a las grandes constructoras por pactar precios-- el hecho de que se sancione es «insuficiente» y se ha inclinado por otras medidas como las inhabilitaciones --como contempla la Ley de Contratos del Sector Público--, una opción que podría extenderse también a casos de subvenciones o financiación.

En este punto, ha lamentado que la AVAF no ha podido aún conseguir la auditoría del IVF sobre la deuda pública generada por los avales fallidos del propio instituto durante muchos años.

Mejoría insuficiente

Llinares igualmente ha destacado que en el Informe sobre la percepción de la corrupción, la Comunitat Valenciana ha pasado del puesto 14 en 2015, --a tres puestos de la cola en relación con el resto de CCAA de España--, al sexto en el pasado año. En 2021, la Comunitat Valenciana ha bajado en 770 millones la deuda pública. «Continúa siendo insostenible. Algo va mejorando pero es insuficiente», ha considerado.

«Acabar con la corrupción o reducirla no digo que acabaría con la deuda pública, que tiene capturado una buena parte del presupuesto de las administraciones, pero sí que disminuiría las necesidades de endeudamiento y mejoraría la capacidad financiera y generaría confianza en la ciudadanía», ha dicho, aunque ha insistido en que es necesario resolver el desequilibro entre los ingresos «para ir a fórmulas que no hace falta inventar», como las que emplea la UE.

«Conseguido este equilibrio, la economía de la Comunitat Valenciana se beneficiaría en todos los ámbitos», tanto en el conjunto de la sociedad y las administraciones como las empresas y la ciudadanía, «que es la que con sus impuestos paga la situación de déficit y deficiencia en la eficacia del equilibrio de las cuentas públicas».

Llinares ha señalado que no se ha hecho una evaluación de los proyectos que podrían haber resultado con costes inferiores o no se tendrían que haber ejecutado. «La AVAF no podría hacerlo en estos momentos; la Sindicatura de Comptes sí que ha hablado de cifras y dice que el 78% de la deuda se debe al desequilibrio de la infrafinanciación del Estado», mientras que hay una cifra del 22% que «no está desglosado».

En este punto, ha aludido a un informe de la UV del catedrático Joan Romero, que reflejaba una relación de proyectos singulares e infraestructuras fallidas, que acaba cuantificando 6.000 millones de euros en inversiones realizadas en los últimos 30 años.

Llinares ha recalcado que el «boom inmobiliario fue una fase de disparo de deuda publica» en el que la Generalitat se involucró en PAI que deberían ser iniciativas privadas y en las que «aparecía de socia» recurriendo a deuda de «entidades cautivadas» como CAM o Bancaixa. «¿Alguien ha hecho evaluación de estos hechos? Nos hemos quedado sin sistema financiero valenciano. Seguro que se estudiará en Facultades de Economía cómo se destruyó el sistema financiero de una comunidad» y cómo aquí continuamos con la crisis y otras autonomías la han superado mejor, ha dicho.

Next generation

El responsable de la AVAF ha lanzado alerta sobre los Next Generation y ha pedido que no se vuelva a «producir la sensación de burbuja y que pensemos que el dinero nos viene regalado, porque nos estamos jugando la reputación ante Europa». Así, ha apuntado que una parte de la UE «no quería dar el dinero por la carga reputacional que tenía España y la desconfianza absoluta en los sistemas de control para que la ejecución se ejecutara en los términos en los que están acostumbrados».

A su juicio, las soluciones «están ahí»: mejora de los sitemas de control que ya existen --como las figuras del secretario e Interventor--; el control de legalidad o la fiscalización interna dentro de las administraciones y ha pedido también que se sigan los criterios y recomendaciones de las entidades que tienen la función de control de legalidad interno y externo, que «durante muchos años se han ignorado», así como organismos como las Agencias Antifraude, que previenen en ámbitos muy concretos pero que hay administraciones que "rehuyen.

No obstante, se ha congratulado de que «afortunadamente» la respuesta de muchas administraciones es «positiva» y «estamos en un empezar». Llinares ha señalado que han hecho una guía, que muchas están siguiendo para los Next Generation, «pero no para los que salen de los impuestos de los ciudadanos» y ha instado a aprovechar los recursos de la AVAF, que son gratuitos, para los planes antifraude.

«Con medidas preventivas, alcanzaríamos un nivel de detección de ineficiencias, malas prácticas y corrupciones. El problema es que seguimos pensando que lo que no es delito está bien hecho y hay una franja enorme entre las malas prácticas y la ineficiencia y despilfarro que ningún fiscal va a coger», ha zanjado.

Llinares también ha lamentado la ausencia de mecanismos --como el anterior Banco de Crédito Local-- para hacer seguimiento de los préstamos a las administraciones y su debilitamiento interno por la falta de relevo de recursos humanos. «La Generalitat y sus ofertas de empleo público no reponen ni las jubilaciones y esto se debería de resolver», ha dicho, porque si bien se ha mejorado la eficiencia con la administración electrónica y tecnologías que han aumentado la productividad, «hay elementos que son insustituibles».