El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha dado la voz de alarma ante «la grave» falta de fisioterapeutas que sufre la sanidad pública andaluza y ha pedido a la nueva consejera de Salud, Catalina García, que afronte la situación como «una asignatura urgente y prioritaria de cara al nuevo curso político que arranca en unos días».
Según datos del Portal de Transparencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Andalucía cuenta con una plantilla de unos mil fisioterapeutas, esto es, un fisioterapeuta por cada 8.500 habitantes aproximadamente, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que haya un fisioterapeuta por cada mil habitantes.
El sindicato entiende que lo ideal sería que cada centro de salud tuviera, por lo menos, dos fisioterapeutas, uno para la atención a los pacientes en el propio centro y otro para atención domiciliaria.
Según señala Satse, esta medida ya fue trasladada a la Consejería de Salud durante la pasada legislatura y aunque ha reconocido que «se ha avanzado», ha afirmado que «aún queda mucho camino por recorrer».
Sastse ha destacado que los fisioterapeutas se han vuelto aún más necesarios durante la pandemia, ya que su labor es esencial para la recuperación de los pacientes que han pasado mucho tiempo en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) o para los que sufren Covid persistente.
El sindicato ha explicado que «las plantillas deficientes y la creciente demanda» han provocado que las listas de espera en la sanidad pública andaluza sean «cada vez mayores llegando al punto de que hay pacientes con patologías graves que han tenido que esperar hasta un año para ser atendidos por un fisioterapeuta».
Ante «las graves demoras», ha alertado de que «cada vez» son más los pacientes que recurren a la sanidad privada para poder ser atendidos por un fisioterapeuta, algo que se debería evitar, según el sindicato.
Por último, Satse ha insistido en la importancia de apostar por una adecuada dotación de fisioterapeutas, pues eso conllevaría también «una rentabilidad inmediata» desde el punto de vista social y económico, ya que la intervención temprana de estos profesionales propicia la reducción de los tiempos de baja laboral, así como la recuperación total, en muchas ocasiones, de la funcionalidad y, por tanto, «un considerable ahorro en los costes sanitarios para muchas empresas».
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