La denuncia se ha presentado ante el Servicio de Espectáculos de la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat Valenciana, a la que pide que investigue los hechos y que, en caso de confirmarse la existencia de infracciones normativas, inicie un expediente sancionador contra la organizadora del Iboga Summer Festival.
Facua asegura en un comunicado que ha tenido conocimiento, a través de las quejas que les han hecho llegar varios usuarios, de que esas instalaciones presentaban un estado «lamentable», hasta el punto de que «se ha puesto en juego la salud de las personas que allí pernoctaron».
Los usuarios han trasmitido la «inexistencia» de puntos de agua potable en la zona del camping, la disponibilidad de únicamente diez baños para «miles de asistentes», la «falta de limpieza y mantenimiento» en los inodoros, así como la ausencia de un puesto de enfermería o emergencias.
Del mismo modo, también han criticado la escasez de iluminación nocturna y de sombras durante las horas centrales del día, la falta de organización en las entradas y salidas del recinto, la no adaptación del acceso para personas con discapacidad o las salidas de emergencias cerradas con candados, entre otras deficiencias.
FACUA recuerda que la propia organización del festival hizo públicas sus «disculpas» a los asistentes por las «deficiencias». En el comunicado de la organización, se hace referencia a la «mala experiencia» por este motivo, y se asegura que se trató de solucionar «sin descanso una serie de fallo en cadena» que impidieron el normal funcionamiento del desagüe. La organización justificaba lo sucedido en «problemas técnicos en instalaciones subcontratadas a terceros».
La dirección anunciaba que ha decidido ceder la gestión y dirección del evento a un nuevo equipo con dilatada experiencia , tras ocho años de «grandes esfueros» y deseaba que el festival «mejore» y se corrija".
Normativa
FACUA detalla que la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, recoge en el apartado primero de su artículo 4 que «los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias al público asistente y a terceros y, especialmente, cumplir con aquellas que establece la normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas».
Asimismo, el artículo 16 del Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, expone que «las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a que los bienes y servicios puestos en el mercado sean seguros. El carácter gratuito de un bien o servicio facilitado a una persona consumidora no excluye la exigencia de que sea seguro».
Esta misma norma recoge que «se consideran seguros los bienes o servicios que, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o únicamente los riesgos mínimos compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de protección de la salud y seguridad de las personas».
La asociación asegura que, de confirmarse los hechos relatados por el público asistente, la promotora del Iboga Summer Festival habría cometido una infracción «grave» al incumplir «las condiciones de seguridad y sanidad establecidas en la normativa vigente y en las licencias o autorizaciones». El artículo 51 de la norma autonómica también cataloga como infracción grave «el mal estado de las instalaciones y servicios que no supongan un grave riesgo para la salud o seguridad del público o actuantes».
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