El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, este lunes en declaraciones a los medios. | VOX

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El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha expresado este lunes la oposición frontal de su partido a la construcción de un nuevo Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Algeciras, según anunció el viernes día 19 el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien a su vez daba cuenta de haber recibida una carta del Gobierno para la ubicación de las instalaciones en unos terrenos desocupados.

Gavira ha argumentado en declaraciones a los medios que «esto no va de refugiados ucranianos como quieren hacer notar malintencionadamente, sino que responde a la agenda que tienen marcada el Gobierno de Sánchez y las élites europeas, que apuestan por la llegada de millones de inmigrantes ilegales en los próximos años con el objetivo de revertir el invierno demográfico, la falta de natalidad, mientras imponen políticas contrarias a la familia», según una nota de este partido.

Vox advierte, según el escrito del Gobierno, se trataría de un centro mucho más grande que el de Melilla, para poner de manifiesto que la principal diferencia con el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es que el CETI es un centro de puertas abiertas, es decir, los inmigrantes tienen total libertad para entrar y salir cuando quieran, además de no existir un límite de estancia en el país.

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Vox sostiene que «la inmigración ilegal existe y tiene consecuencias», por lo que la construcción de estas instalaciones conllevaría para Algeciras, y para el Campo de Gibraltar en general, un aumento de la inseguridad, barrios degradados y el aumento del desempleo.

Gavira ha afirmado que «hablamos de culturas incompatibles con la nuestra, culturas que, sin ir más lejos, se caracterizan también por denigrar a las mujeres. En definitiva, se pretende socavar nuestra soberanía, nuestra cultura y nuestro estado social».

El portavoz de Vox en Andalucía ha recordado que su partido defiende una inmigración legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación, por lo tanto, hay que poner freno a la inmigración ilegal con medidas que eviten la llegada masiva de inmigrantes ilegales y también con decisiones claras y rotundas de carácter penal, administrativo, civiles, de subvenciones o ayudas.