El director general de ordenación de Territorio y Urbanismo, Agustí Serra | GOVERN DE CATALUNYA

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La Conselleria de la Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat de Catalunya ha aprobado el Plan Director Urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles del litoral catalán, mediante el cual pretende frenar la construcción de 46.800 viviendas en 30 municipios de las 106.000 que se podrían edificar desde Malgrat de Mar (Barcelona) hasta Alcanar (Tarragona).

El director general de ordenación de Territorio y Urbanismo, Agustí Serra, ha presentado el plan este jueves, con el que han analizado 41 municipios e identificado las zonas donde aún se podría construir para después revisarlas bajo criterios de "protección ambiental y paisajística pensada para garantizar el modelo económico y competitivo del territorio".

De este modo, se ha desclasificado el suelo urbanizable en unas 1.878 hectáreas, en las cuales ya no se podrá edificar, con estas y las de los PDU ya realizados en la Costa Brava y el Alt Pirineu, la Conselleria habrá evitado la edificación de 70.000 viviendas nuevas en un superficie total de 3.558 hectáreas: "Lo que equivale a desclasificar cinco veces todo el Eixample de Barcelona", ha ejemplificado Serra.

Poner "orden y coherencia" en el litoral

Ha destacado también que el objetivo de este PDU es "poner orden y coherencia en el litoral catalán, un ámbito que se encuentra bajo muchas tensiones, y la urbanización es una de ellas".

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Con la aprobación de este jueves, el Govern iniciará a partir de septiembre un periodo de información pública de 45 días a toda la ciudadanía para poder recoger posibles alegaciones, y prevé que a principios de 2023 se apruebe el plan de manera definitiva.

De los 334 sectores analizados, se han descartado 105, y las poblaciones con un mayor número de viviendas que no se construirán son Sitges (Barcelona) y El Vendrell (Tarragona), con 474 y 7.834 respectivamente.

Serra ha aclarado que la intención del plan es parar y evitar nuevas edificaciones en las zonas seleccionadas, pero en ningún caso retirar las ya construidas, y ha reiterado que se pretende lograr que los propietarios privados que podrían edificar en estos territorios no tengan el derecho de hacerlo "nunca más".

Y ha recalcado que, evitando la construcción de estos 46.800 habitáculos en el litoral, se ahorrará la emisión de dos millones de toneladas de CO2 al año, por lo que el proyecto es "una medida de descarbonización muy importante".