Un punto de inflexión

Más de 50 representantes de CAEB formaron parte de las 12 Mesas de la primera fase que trabajaron en los aspectos que dieron lugar al documento de Bases para la Agenda de Transición presentado el pasado mes de febrero. En el desarrollo de las medidas que se planteen a partir del citado documento, la Mesa de Diálogo Social adopta un papel determinante, un órgano que para CAEB representa la máxima expresión de la convivencia y trabajo común entre empresarios y trabajadores y que defendemos como elemento clave de desarrollo socioeconómico y de contribución al bienestar y la cohesión social.

Los empresarios siempre hemos defendido el diálogo social para poder llegar a acuerdos y avanzar en el crecimiento económico, mejorar la competitividad y productividad de las empresas y obtener los objetivos comunes que beneficien a la ciudadanía en general. En el escenario actual, pese al crecimiento del 3,1% que tuvimos en las Islas a lo largo de 2024 y las buenas perspectivas económicas para el año en curso, las empresas siguen instaladas en una época de incertidumbre. Los vaivenes legislativos o decisiones unilaterales del Gobierno central como, por ejemplo, la reducción de jornada o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siguen marcando la actualidad.
En este sentido, quiero detenerme en la posible reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas, posiblemente el mayor reto que nos dejó 2024 y que los empresarios posiblemente deberán afrontar, salvo giro político inesperado, a lo largo de los próximos meses. Una reducción a la que, debe quedar claro, las organizaciones empresariales no nos negamos, pero sí creemos que debe ajustarse a las necesidades de cada sector, a las particularidades de cada territorio autonómico y que, por descontado, debe tratarse en la negociación colectiva, como por ejemplo la de hostelería, cuyo convenio se debe renovar este 2025 para los próximos años.

Una medida de este calado debe tener en cuenta elementos clave como son la productividad. La premisa extendida por parte del Ministerio de Trabajo sobre que la reducción generalizada incrementa la productividad -que, no lo olvidemos, en España está rezagada respecto al crecimiento en el conjunto de la Unión Europea-, no se sostiene científicamente. Estudios con los que trabajan las patronales empresariales señalan claramente que es el incremento de la productividad lo que permite la reducción de las jornadas laborales y el aumento de los salarios. Es decir, junto al contrario de la propuesta del Gobierno.

En según qué sectores, como es el caso del turismo, donde la productividad está relacionada con las horas de trabajo, una reducción de la jornada provocará no sólo desajustes en la organización empresarial y un mayor incremento de costes laborales (mayor contratación obligatoria), resultando en una disminución de la productividad. Llevar a cabo reducciones de las jornadas laborales sin incrementos muy significativos de la productividad nos alejaría aún más de las referencias europeas.
Pero, sin duda, lo peor de medidas como la referida es la vulneración del diálogo social y el derecho a la negociación colectiva recogido en la Constitución. Un diálogo social que, como ya he dejado claro, es crucial para poder avanzar y que el empuje y crecimiento empresarial se vea reflejado en toda la sociedad.

Esta incertidumbre señalada a nivel nacional también la vivimos a nivel autonómico ante la falta de una mayoría estable en el Parlament balear -a la hora de escribir estas líneas, la inestabilidad sigue impidiendo que contemos con Presupuestos actualizados-. A lo largo de los últimos meses hemos visto acuerdos impensables y sorprendentes como, por ejemplo, que los futuros proyectos del Impuesto de Turismo Sostenible tengan que ser ratificados obligatoriamente por la Cámara autonómica. ¿Qué sentido tiene que los proyectos aprobados en la Comisión del ITS hayan de ser debatidos de nuevo en el Parlament? ¿Uno a uno? ¿Con criterios políticos? Y esto, ¿propuesto por los mismos partidos que crearon la legislatura pasada la Comisión del ITS? Son decisiones que no tienen ningún sentido y desde luego no compartimos.

Desde CAEB insistimos en la necesidad de que la clase política deje a un lado los intereses partidistas y dé salida a las iniciativas que, entre todos, estamos reclamando vía el Pacto de Sostenibilidad que, guste más o menos, deberíamos acabar aceptando de forma general. La estabilidad política es algo que siempre reclamamos y es la mayor garantía de crecimiento y bienestar. En relación con las medidas que se deban tomar a raíz de la elaboración del documento Bases para la Agenda de la Transición, obviamente siempre generarán controversia entre los sectores afectados. Pero, como venimos defendiendo desde el principio de este proceso, la sociedad balear deberá tener altura de miras, buscar el mayor consenso posible y ser valientes para encontrar un camino en el que el crecimiento económico conviva con el bienestar de los ciudadanos residentes.

Entre las medidas a adoptar por quienes nos gobiernan, aquellas que deben abaratar y facilitar el acceso a la vivienda son absolutamente prioritarias. El Decreto Ley de Creación de proyectos residenciales y nuevas medidas para crear vivienda asequible para residentes debe ser el inicio que nos permita mejorar, de una vez por todas, la situación de la vivienda, que es el principal problema que tenemos en Balears después de casi una década de parálisis total y obstáculos para la construcción y promoción de pisos asequibles.

Las principales asociaciones del sector en CAEB (ABSI, ABINI, Constructores y Promotores) son optimistas, aunque con cautela, sobre el camino iniciado los últimos meses desde la Administración autonómica para ofrecer soluciones a esta dramática situación habitacional. Desde estas páginas pedimos a los partidos que saquen la vivienda de la confrontación política. La solución no llegará de forma fácil e inmediata, pero, o ponemos ya entre todos las medidas reclamadas desde años por el sector, o la situación seguirá lastrando el futuro de las próximas generaciones.

Para finalizar creo que, dentro del debate abierto por el Pacto por la Sostenibilidad, no podemos perder de vista que el turismo sigue siendo, y lo será en lo sucesivo, el motor sobre el que pivota más del 40% del PIB balear y que afecta, de forma directa o indirecta, al 80% de nuestra actividad empresarial. Frente a manifestaciones o conductas que, de tanto en cuanto, descalifican al sector y a quienes generan riqueza y empleo, nuestra postura va a ser contundente y firme; no nos vamos a dejar avasallar por actitudes que recogen incluso comentarios xenófobos.

Nuestros mercados emisores tienen que percibir que nos preocupa la sostenibilidad del Archipiélago. Pero no nos podemos confundir, ni mucho menos tolerar nuevos pronunciamientos turismofóbicos, comportamientos ya sufridos en el pasado y que sabemos que acaban generando una distorsión de la realidad que perjudica nuestra economía. Vivimos del turismo, somos una tierra de acogida, amable y educada con nuestros visitantes… y tenemos una industria que es elogiada, admirada e incluso envidiada dentro y fuera de nuestras fronteras. Vamos a defenderla y a trabajar de la mano para que ese tránsito del sistema turístico sea compatible con la sostenibilidad del territorio y el bienestar de los residentes. Y lo vamos a hacer apelando al diálogo social, a nuestro trabajo incansable de interlocución ante las Administraciones.

Desde nuestra independencia continuaremos interactuando con las administraciones y defendiendo ante ellas los intereses empresariales. Hoy más que nunca debemos apostar por la unidad empresarial y social, por el consenso, para defender las medidas que reclamamos en beneficio del progreso, la sostenibilidad y la generación de riqueza en Balears.