Es una evidencia que, desde la gran crisis económica del 2008-2014, en España las políticas de vivienda de precio asequible han resultado un fracaso estrepitoso desde el prisma del recorte al principio o desde el prisma del intervencionismo en los últimos años. Y, especialmente grave, en Balears.
Las causas de llegar a este fracaso son claras: déficit histórico de construcción de viviendas asequibles desde la mencionada crisis, telaraña normativa que conduce a la inseguridad jurídica y económica e incremento de los costes de producción -adquisición de suelo, construcción, financiación y adaptación a las nuevas normas del Código Técnico de la edificación y la implantación de medidas de eficiencia energética-. Parafraseando al padre del postmodernismo en arquitectura, Robert Venturi: «Ver lo que NO es efectivo es efectivo para entender lo que SI es efectivo».
Las políticas públicas de vivienda en Balears desde el 2015 hasta el 2023 se han basado exclusivamente en la promoción pública de VPO en alquiler, que se destina preferentemente a una minoría de colectivos vulnerables.
Estas actuaciones son imprescindibles porque sólo las administraciones deben y pueden llevarlas a cabo, gracias al respaldo de los presupuestos públicos que sufragamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Y aun así, la clase política con sus medidas no han sido capaces de cubrir todas estas necesidades.
Además, incomprensiblemente, la capacidad normativa de las instituciones públicas liderada por nuestros políticos ha ignorado totalmente las necesidades de la mayoría de clase media-baja, principalmente joven. Esta era la artífice del ciclo virtuoso de las políticas de vivienda anteriores al 2008 consistente en un plan nacional y autonómico de ayudas para adquirir una vivienda a precio asequible que, en primer lugar, permitía a esos jóvenes asumir la entrada y el préstamo hipotecario de su vivienda y que, luego, después de un período razonable de 10-15 años en el que medraban familiar y económicamente, podían vender su vivienda asequible que suponía una doble función: palanca para adquirir una vivienda más ajustada a su nuevo estatus económico-familiar y liberación de vivienda de precio asequible para la nueva generación de jóvenes que venía detrás suyo.
Esta inercia del ciclo virtuoso de la compraventa de vivienda asequible se rompió con la crisis del 2008 y a pesar de habernos recuperado económicamente, ningún gobierno estatal o autonómico, de derechas o de izquierdas, ha movido pieza para recuperar aquellas medidas efectivas.
Si de algo hemos de aprender de todo esto es darnos cuenta de que NO es efectivo: no lo fueron la supresión de ayudas a los compradores de VPO, ni la supresión de subsidios en las cuotas de los préstamos hipotecarios de VPO, que nos han llevado a las cifras casi inexistentes de promoción privada de VPO; no lo son el intervencionismo en los precios de alquiler, ni la intervención en el mercado de la vivienda.
Sin embargo, algo se mueve en Balears partir de 2024. Después de muchos años, se ha vuelto a escuchar al sector promotor-constructor que desea promover proyectos de vivienda asequible para residentes y fruto de ello son la Llei 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, la Llei 7/24 de medidas urgentes de simplificación administrativa, el DL 3/24 de modificación de diversas normas en Urbanismo y, especialmente, el reciente DL 3/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) que permitiría desbloquear la tramitación de casi 20.000 viviendas de las que más de 10.000 serían de precio asequible (entre 200-300.000€) en Palma, municipio con mayor emergencia habitacional de las islas.
El DL 3/2025 tiene su clara inspiración en la Llei 5/2008 Ley «Carbonero» de Reservas de Suelo Estratégico (RES), que fue aprobado por el Govern progresista del President Antich y que apoyó unánimemente toda la izquierda actualmente representada en el Parlament. Por su parte, la derecha autodeclarada más liberal mantiene una postura contradictoria entre sus representantes municipales en Palma a favor del DL 3/2025 y los representantes parlamentarios de Balears que reniegan de él, siendo precisamente la norma propuesta más liberalizadora que permitirá desbloquear los suelos de Palma cuyo desarrollo está programado desde 1998. ¿Acaso Palma no es Balears?
Actualmente, tenemos una emergencia habitacional para la población de 1.100.000 residentes en Balears y ahora, es el momento de actuar sin contemplaciones, si no, ya no habrá solución. La responsabilidad de políticos y funcionarios es hoy la de actuar en el marco de su responsabilidad para dar salida a esta emergencia. Tiempo hay, mientras se promueve, para equilibrar el modelo económico intensivo de mano de obra que tenemos si se quiere evitar la llegada de más residentes en un futuro.
En conclusión, los políticos deberían evitar enzarzarse en tacticismos políticos partidistas, no poniendo palos en las ruedas para que las normas propuestas alcancen la efectividad para la puesta a disposición en el mercado de vivienda digna asequible. Más hechos y menos palabras. Menos inquina política y más efectividad en favor de una ciudadanía que ahora espera soluciones, no elecciones.
