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La intención de privatizar el servicio público de agua potable en el municipio de Calvià -excepción hecha de Santa Ponça y Peguera, con concesiones particulares-, apunta hacia un conflicto social y sindical de grandes proporciones entre el alcalde, Carlos Delgado, los vecinos y los sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa pública Calvià 2000.
Así, mientras Delgado argumenta que conceder por concurso el suministro, hoy municipal, a una empresa privada «eliminará problemas de liquidez» para el Consistorio, los grupos de oposición en el Ajuntament, PSOE y UM, así como los sindicatos presentes en la empresa pública que gestiona el servicio (CC OO, UGT, CGT y USO) entienden que el alcalde «únicamente quiere hacer caja a corto plazo con el canon inicial de un concurso y dejar al municipio atado de pies y manos con una concesión a largo plazo cuyas consecuencias para la ciudadanía y para los trabajadores implicados no se presumen idóneas».
Preocupación
Una representación sindical de los empleados de Calvià 2000 se reunió la semana pasada con el alcalde para abordar la preocupación que se ha generado en la plantilla por su intención privatizadora y el encuentro acabó sin acuerdo. Los trabajadores celebrarán mañana una asamblea para definir un calendario de movilizaciones a seguir.
Los representantes de los trabajadores se mostraron dispuestos a aceptar la licitación del servicio en caso de que el Ajuntament, como contrapartida, convirtiera en funcionarios a los 17 trabajadores de Calvià 2000 afectados por la medida, cuestión que el alcalde y el gerente de la empresa municipal, Víctor Manuel Hernández, no aceptaron.
Los sindicatos sostienen que los 310 empleados de Calvià 2000 abogan por iniciar movilizaciones contra la voluntad del equipo de gobierno de Calvià de sacar a concurso la gestión del suministro de agua potable, que incluye los cobros, las reclamaciones, la reparación y el mantenimiento de redes y mantiene un superávit de más de 3 millones de euros anuales.