Llorenç Serra Ferrer en una imagen de archivo.

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Doce años después, el mallorquinismo ha recibido la noticia más esperada. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) ha hecho oficial la conclusión del concurso de acreedores que el Real Mallorca presentó en el verano de 2010 al cumplir con el convenio dictado en su día y «el cese de todas las limitaciones sobre las facultades de administración y disposición del concursado». Cabe recordar que el pasado verano el club informó que al final de la temporada 20-21 saldó su deuda con Hacienda para poner punto y final a la deuda histórica con la Agencia Tributaria que se arrastraba desde hacía más de una década y cuyo calendario de pagos se estableció tras el Concurso declarado el 8 de junio de 2010.

La actual propiedad del club ha querido así liquidar la deuda con el erario público tras años de arduo trabajo económico y planificación financiera en un marco de restricciones que comprometían el futuro de la SAD balear. Tras zanjar las deuda concursal con los acreedores ordinarios en 2017, el club cierra ahora el capítulo con la Agencia Tributaria. Hay que recordar que la cantidad que se adeudaba a la Agencia Tributaria rondaba los 30 millones en 2010 y que se estableció un calendario de pagos que fue modificándose debido a los descensos a Segunda y Segunda B y que este año se ha podido 'limpiar'.

Ahora, tras la publicación en el BORME, la entidad cierra uno de los episodios financieros más delicados de toda su historia que ha podido salvar gracias al músculo económico inyectado por la Administración Sarver. Los accionistas del RCD Mallorca han inyectado en el club 43 millones de euros desde su llegada en enero de 2016, de los cuales 25 millones se han destinado a la deuda del Concurso de Acreedores y Hacienda.