Serra dentro la sala.

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El Mallorca volcó este martes su pasado más reciente y oscuro entre las cuatro paredes de la sala 112 del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona. Por allí desfilaron los últimos presidentes, máximos accionistas, asesores legales y consejeros de una entidad que en breve soplará las velas de su centenario con el escudo y su orgullo magullados.Todos menos Gabriel Cerdà, precisamente el gran protagonista de la enésima refriega judicial que salpica al club en los últimos tiempos. La demanda de pollencí contra Serra Ferrer por el supuesto incumplimiento del pacto de sindicación de las acciones que ambos sellaron en julio de 2013 quedó vista para sentencia tras más de cuatro horas de declaraciones y fuego cruzado.

Ahora será el juez Miguel Ángel Chamorro González quien determine si esa indemnización de doce millones de euros que reclama el expresidente tiene sentido o si, como destaca la defensa de Serra, el acuerdo era realmente «defectuoso y nocivo para la sociedad».

Los últimos rescoldos del serrismo desembocaron en un combate que reunió, sobre un cuadrilátero neutral, a casi todos los inquilinos que han tenido de un tiempo a esta parte los despachos de Son Moix. Por un lado, la parte demandante, con las sociedades Tukis Invest y Tukis Productions, marcada por la ausencia de Cerdà y representada por el prestigioso abogado Josep Senespleda, antiguo director general de la Liga ACB. Por el otro, los demandados Wizard Mallorca Group SL y Serra Ferrer, contemplando la vista desde la barrera y parapetado tras la guardia de otro reconocido letrado, también con pasado bermellón: Joan Buades. Y repartiendo juego, una hilera de testigos perfectamente reconocibles para el mallorquinista de base. Por la parte actora, Utz Claassen, Michael Blum, Juan Barrios y el que fuera director general del Mallorca y ahora responsable financiero del Espanyol, José María Durán. Reclamados desde la otra esquina también intervendrían después el abogado Miquel Coca, el exsecretario del consejo del club Pep Carbonell, Jaume Cladera y Mateu Alemany.

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La defensa de Gabriel Cerdà cree que en el marco de ese acuerdo sellado en julio de 2013 se produjeron, como mínimo, dos incumplimientos «graves» que el propio Senespleda calificó de «flagrantes». El primero de ellos apunta a que Serra, pese a las indicaciones que recibió desde el club, nunca fue a por las acciones que debía recoger y endosar tras el acuerdo para que fueran inscritos después ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), algo que tampoco se hizo por recomendación de hasta tres secretarios del consejo. Además, consideran probado que Cerdà fue apartado de sus gestiones prácticamente a escondidas (en virtud de un acuerdo entre Serra y Claassen que reconoció por el alemán) y que solo mantuvo de forma circunstancia el cargo de presidente, siendo privado además de ciertas herramientas para su trabajo, como el coche del club, el teléfono móvil o la tarjeta de crédito.

Los abogados de Serra, por su parte, entienden que el pacto era «defectuoso» y «nocivo para la sociedad» y que no podía darse por válida en los términos en los que fue concebida. Destacaron que el pobler votó en contra de la destitución de Cerdà como presidente y que el de Pollença solo pretendía mantener su estatus a costa de los intereses del Mallorca. «Es un pacto nulo por empacho. Cerdà pretendía comerse todo el pastel», subrayó Buades. Admitieron que el expresidente tue alejado de sus funciones, pero que antes se había hecho lo mismo con Serra al obligarle a pasar por el consejo todas las decisiones deportiva.

«El pacto es desequilibrante, sobre todo para el Mallorca, porque si esa alianza se sostuviera hubiera salido muy perjudicada. Era un mero objeto de ellos dos y eso no debe ser así», insistió Joan Buades al término de la sesión.