Gabriel Cerdà y Serra Ferrer, juntos en Son Moix. | Pere Bota

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El pasado más convulso y reciente del Mallorca tiene previsto reencontrarse este martes, fuera de los despachos de Son Moix y a muchos kilómetros de la Isla. Será en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, entre las paredes de la sala 112 del Juzgado de lo Mercantil número 8. Allí tendrá lugar el juicio por el supuesto incumplimiento del pacto de sindicación rubricado en su día por Gabriel Cerdà (presidente del club balear entre julio de 2013 y diciembre de 2014), que reclama una indemnización de 12 millones de euros, y Llorenç Serra Ferrer (máximo accionista de la entidad entre julio de 2010 y enero de 2015 y presidente en funciones desde diciembre de 2012 a julio de 2013). Nueve meses después de apartarse de la actualidad mallorquinista, el pollencí y el pobler escenificarán su enésimo pulso ante los ojos de la justicia.

Cerdà prendió en abril de 2014 la mecha del proceso que arranca en la Ciudad Condal. En aquel momento y mientras ocupaba la poltrona de Son Moix, el expresidente del Mallorca decidió ir un poco más allá en su disputa con Serra Ferrer y acudió a los juzgados de Barcelona para presentar una demanda contra el anterior máximo accionista de la SAD al entender que se había vulnerado la alianza que ambos mantenían desde meses antes para controlar la gestión del club de Son Moix, en el marco de una sindicación que derivó en un gran incendio que afectó de lleno a la vida de la entidad. De hecho, esa demanda, que cuenta con el respaldo jurídico del prestigioso abogado y ex director general de la Liga ACB, Josep Senespleda, respondía al deterioro de su relación con Serra Ferrer, que se veía reflejada en numerosas ocasiones, especialmente durante las reuniones del consejo de administración del Mallorca.

El famoso pacto de sindicación, que fue el origen de todo lo que vino después, se selló el 24 de julio de 2013. El acuerdo, válido para siete temporadas (hasta 2020) y prorrogable de año en año salvo que una de las dos partes solicitara su ruptura dentro de los plazos marcados (dos meses antes de la fecha de vencimiento), establecía gravosas indemnizaciones en caso de incumplimiento. En concreto, Cerdà reclama ahora seis millones de euros por cada una de las dos sociedades que representaba en el órgano de poder del club: Tukis Invest y Tukis Productions.