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La jueza del concurso de acreedores del Real Mallorca, María Encarnación González, ha dictado una providencia en la que comunica al club isleño que «no le corresponde» pronunciarse sobre la finalidad de la ayuda al descenso. La entidad balear había rogado a la magistrada que autorizara a la Liga de Fútbol Profesional el pago de las subvenciones -en torno a los 8,5 millones de euros-, pero la jueza no ha atendido la suplica del Mallorca.

La providencia, adelantada ayer por la Cadena Cope Mallorca, se inhibe de la consulta realizada la semana pasada por el Mallorca al «no haber lugar a proveer sobre la solicitud que se formula de autorización judicial por no corresponder a este órgano judicial efectuar pronunciamiento respecto a actos de tercero y hallarse la concursada (por la SAD balear) en ejercicio de sus facultades de administración y disposición», señala la providencia.

Con la resolución adoptada por la magistrada, la decisión sobre la finalidad del Real Mallorca queda en manos de la entidad. En este sentido, sobre la posibilidad de que algún acreedor pueda demandar a la entidad, el presidente Gabriel Cerdà expresó su parecer hace ahora una semana, un día antes de solicitar la autorización judicial. «Es por ello que recurrimos a la jueza. Para que diga lo que considere y, a partir de su providencia, tomar una decisión en un sentido u otro. Vamos a consultar para ver qué podemos hacer con este dinero. A partir de su respuesta, decidiremos el camino a tomar». Tres días después, María Encarnación González dictó una providencia que no despeja las dudas que asolan al club balear sobre la finalidad de dicha ayuda.

En el escrito remitido por el Mallorca a la jueza, desde el club reconocen que la Comisión de control y seguimiento de la LFP existe «la duda» de si el importe de la ayuda debe destinarse «al pago de deudas corrientes», tal y como defiende la entidad, o a «amortizar anticipadamente el importe en el convenio de acreedores, tal y como, en principio, defiende la LFP».

No obstante, el Mallorca argumenta que la cantidad que pueda recibir como ayuda al descenso «únicamente» se podrán destinar a amortizar anticipadamente el importe de los créditos ordinarios cuando no existan créditos «cuyo impago pudiera comprometer el estricto cumplimiento y, por ende, la continuidad el club».

La entidad balear solicita «auxilio judicial» para que la cantidad sea destinada al pago de las deudas con los jugadores, Seguridad Social y Agencia Tributaria antes que a los acreedores.

El club concluye su escrito a la juez con un ruego que, tras la providencia dictada por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma, no ha sido admitido: «Suplico al juzgado que autorice a la Liga de Fútbol Profesional para que proceda a destinar el importe de la subvención de referencia a abonar los créditos pendientes de pago con antelación a los recogidos en el convenio de acreedores».

Ahora, después de no obtener la autorización de la jueza que pretendían, el Mallorca deberá tomar una decisión en relación a una ayuda, de 8'5 millones de euros, imprescindible para cumplir con los pagos.