Imagen de archivo de una edición de la Challenge Mallorca en Palma. | LLITERES - cdg - EFE - EFE

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El PP de Palma ha criticado este martes que, por primera vez en 20 años, la ciudad «se ha quedado sin presencia en la Challenge Ciclista Internacional», algo de lo que culpa a la «inoperancia y desinterés» del alcalde, José Hila.

El concejal del PP David Díez ha avanzado que su grupo solicitará una comparecencia de la regidora de Turismo, Sanidad y Consumo, Elena Navarro, «para que explique los motivos por los que Palma ha sido borrada de esta relevante competición ciclista internacional tras 30 años de presencia».

Díez ha lamentado que Palma «no podrá celebrar el trigésimo aniversario de esta prueba que, con los años, se ha convertido en una cita de referencia para los aficionados al ciclismo y que es clave para la promoción turística de la ciudad y la desestacionalización».

«Palma no se puede permitir no estar presente en un evento tan importante», ha afirmado Díez, que ha remarcado que la competición deportiva «contribuye a la promoción de Palma como destino turístico para la práctica del cicloturismo y, en consecuencia, contribuye a la desestacionalización, tan necesaria en estos momentos de crisis».

Además, el regidor del PP ha reprochado a Hila que haya «desaprovechado la oportunidad de participar en la celebración del 30 aniversario de la Challenge Ciclista Internacional» y le acusa de «haber desperdiciado una gran oportunidad para la promoción turística y el deporte que sí han sabido aprovechar municipios como Calviá o Alcúdia, también gobernados por el PSOE, que sí acogerán la prueba deportiva».

Para el PP, Hila «ha desatendido las necesidades de la organización para cumplir con los protocolos AntiCovid y ésta ha tenido que acudir a otros municipios, que le han proporcionado una colaboración absoluta».

Por todo ello, Díez ha asegurado que «no es un problema organizativo ni económico» sino «de interés y voluntad política».

El regidor ha criticado que al mismo tiempo el alcalde «derrocha el dinero y los recursos públicos en contadores de árboles, en cambiar los nombres de las calles o en ejecutar proyectos sin consenso y en contra de la voluntad de vecinos y comerciantes como es el caso de Nuredduna».