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El Juzgado Número 7 de lo Mercantil de Madrid ha ordenado este miércoles que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) debe permitir la inscripción del Real Murcia en la Liga Adelante, pese a haberle descendido administrativamente la semana pasada por sus problemas económicos a la Segunda División 'B.

La Comisión Delegada de la LFP ratificó el pasado jueves la no inscripción del equipo murciano en la Segunda División por no cumplir con los ratios económicos financieros, con una multa añadida de 180.303,63 euros, al concurrir reincidencia.

La patronal del fútbol español dictaminó además el consiguiente ascenso al Club Deportivo Mirandés, aunque el Real Murcia presentó recurso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para conseguir medidas cautelares, que le fueron denegadas, y ante el mencionado juzgado de la capital de Madrid, que finalmente le ha dado la razón.

Así, el Juzgado de lo Mercantil número 7, según la sentencia, acordó «suspender el acuerdo adoptado por la LFP por el que niega la inscripción y afiliación a la LFP del Real Murcia», ordenar «la inmediata inscripción y afiliación» para la temporada 2014-2015 y «suspender la resolución del Juez de Disciplina Social de la LFP», incluido el castigo económico.

El Real Murcia había solicitado ante este tribunal «una medida cautelarísima» ante el próximo inicio de la competición para dejar «sin efecto» este descenso administrativo y la resolución del Juez de Disciplina Social de la LFP.

Según señala la sentencia del tribunal, el conjunto murciano alegó que hubo una «aprobación sobrevenida» de los Estatutos y que el no cumplimiento de los ratios exigidos obedecía «a la controvertida con la AEAT denegación de un aplazamiento de la deuda», que ha motivado la presentación de un recurso de reposición el pasado 4 de agosto.

Igualmente, el Murcia indicó que la no inscripción podría suponer «una violación de la libre competencia en el sector económico de referencia» y presentó un comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el se dice que el descenso de categoría «en ningún caso depende del grado de cumplimiento de las obligaciones de pago con la AEAT», resaltando además que las deudas del fútbol profesional demuestran que el club murciano no es el único que debe a la Hacienda.

En este sentido, el juez Andrés Sánchez-Magro señala en su dictamen que la decisión de la LFP ponía al Murcia en «una situación desventajosa frente a otros competidores» y que «en pocas ocasiones resulta tan evidente la necesidad de adoptar una medida cautelar» ya que el conjunto 'pimentonero' se encuentra en «situación concursal» y su no participación en la Liga Adelante supondría «la inviabilidad económica y la imposibilidad de cumplimiento de convenio con sus acreedores», advirtiendo que también habría por lo tanto «perjuicio directo» para estos.